Por: Ab. Juan Pablo Sansur Ode.
La situación política, económica, social e institucional del Ecuador es intolerable e inaguantable. Ante ello, es relevante remitirnos a las expresiones vertidas por parte de la politóloga Mónica Luzarraga: “la gente ya no le teme solamente al sicario, al extorsionador o al delincuente; ahora la gente le teme a este gobierno”.
Es impresionante la capacidad del pueblo ecuatoriano de adaptarse a situaciones adversas. Una actitud estoíca que no debe ser confundida con resignación, pues, aunque pueda ser loable la fortaleza demostrada por el conglomerado social, la paciencia puede y debe agotarse.
El presidente Daniel Noboa tiene secuestrados todos los organismos que forman parte del Estado ecuatoriano: la Asamblea Nacional, el CNE, el TCE, la Fiscalía General del Estado, la administración de justicia, la Contraloría, la Procuraduría, el CNJ, el Cpccs. Y, pese a que muchos consideran que el último bastión o reducto de resistencia es la Corte Constitucional, esta institutción nos queda debiendo en cuanto a otros pedidos de declaratorias de inconstitucionalidad a leyes que provienen del Ejecutivo.
En este contexto se demuestra que solamente saldremos de esta dictadura procaz e ignorantona a través de una rebelión popular. No hay otro camino.
Por otra parte resulta preponderante remitirnos a las expresiones vertidas por parte del ex presidente Oswaldo Hurtado, quien ha señalado a Noboa como un “criptodictador”. Esta declaración generó una serie de trinos en redes sociales y, por que no decirlo, tambien en la opinión pública y de la ciudadanía que siente rechazo, aversión y repudio ante este gobierno. El término “criptodictador” se utiliza para reseñar a un líder autoritario que aparenta respetar la democracia. Aún cuando Noboa es un gobernante elegido mediante elecciones, que conserva una Constitución y una aparente división de poderes, ejerce el poder concentrando progresivamente las instituciones del Estado.
Hurtado a fustigado y ha tenido la valentía de arreciar en contra de este gobierno en lo concerniente a la proscripción de organizaciones partidistas, como también a la proscripción política de ciertos alcaldes que iban a terciar a la reelección. Quizá lo lapidario en sus expresiones tiene como corolario y colofón lo siguiente: “muchos asambleístas del noboismo tienen limitaciones intelectuales, son analfabetos funcionales”. En gran medida puedo corroborar y constatar esto en la medida de que soy testigo directo de la falta de capacidad y de conocimiento parlamentario, así como de la carencia de sapiencia que poseen los asambleístas gobiernistas, pues concurro constatemente a la Asamblea Nacional para realizar cobertura periodística.
Como era de esperarse, ante la falta de talento, el presidente Noboa en forma grotesca, torpe y desatinada, contestó al ex mandatario Hurtado de la siguiente manera: “sacan de nuevo al cadáver en formol”.
Todo esto demuestra no solamente la cerencia de argumentos, sino también la desesperación para rebatir con solvencia y en forma expedita los cuestionamientos a su desastrosa gestión gubernamental. Infortunadamente, estamos ante un mitómano compulsivo y crónico; un junior sentado en Carondelet jugando a ser presidente.
Ante ello, es vital también citar una frase de Eduardo Galeano, que refleja y describe en forma descarnada como desgarradora lo que estamos viviendo: “la verdadera dictadura no necesita fusiles, solo urnas amañadas, prensa obediente y un pueblo acostumbrado a obedecer”.
Por lo tanto es preponderante que el pueblo reaccione. Resulta primordial empoderarnos, es decir, ejercer el control social a un gobierno corrupto, inescrupuloso, judicializador y criminalizador de la protesta social. Solamente de esta manera saldremos de este laberinto perverso en el cual nos ha introducido este gobierno y donde estamos subsumidos los ecuatorianos.
Con el proceso electoral en ciernes, una de las tareas inmediatas e impostergables es garantizar un control electoral férreo, monolítico y mancomunado, porque el fraude electoral ya comenzó desde el momento mismo de la proscripción de partidos políticos opositores al régimen y también desde la instancia y del trayecto de un gobierno que utiliza la infraestructura estatal para, desde ya, desplegar una precampaña electoral con la complicidad y el contubernio de organismos electorales lacayos, subordinados y direccionados a favor de este régimen.