Por Ab. Vladmir Andocilla
Cuando Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional, en la sesión solemne en conmemoración del Primer Grito de la Independencia, evocó a Gabriel García Moreno desde la dirección del Parlamento, hizo algo más que recordar a un personaje del siglo XIX. Recuperó un símbolo político, que, pronunciado desde el poder, nunca será neutral.
García Moreno no puede ser explicado simplemente como un fanático religioso ni su período reducido a una sucesión de actos represivos. Una lectura materialista de la historia exige comprender las contradicciones del proceso. Vale recordar que las interpretaciones contemporáneas superan la vieja historiografía que explicaba el país mediante grandes personajes y comenzaron a estudiar las estructuras sociales y los actores colectivos.
Desde esa perspectiva, el garcianismo contribuyó a centralizar un Ecuador fragmentado, fortaleció el aparato estatal, desarrolló infraestructura y creó condiciones para la expansión de nuevas relaciones económicas. Este proyecto se articuló a los intereses de las clases dominantes serranas y costeñas, para lo que recurrió a una concepción centralista, teocrática y autoritaria del poder. Es así que García Moreno expresó una alianza entre las clases dominantes de la Sierra y la Costa, destinadas a consolidar el Estado nacional y articular el país al mercado internacional.
La modernización y consolidación del estado que impulsaba García Moreno iba de la mano con la consolidación de una estructura reaccionaria excluyente y represiva, una dictadura clerical-terrateniente. Evidenciando entonces que las clases dominantes pueden modernizar las condiciones materiales de una sociedad sin democratizar el poder ni ampliar la participación.
No estamos hablando solamente del constructor de caminos. Estamos hablando del gobernante cuyo proyecto conservador y reaccionario fue convertido en elemento de cohesión política y fundamento de legitimidad estatal. El Concordato otorgó a la Iglesia enormes atribuciones sobre la educación y los maestros; la Constitución de 1869 —la llamada Carta Negra— llegó a exigir la condición de católico para ejercer ciudadanía.
Ese proyecto terminó haciendo de la fe una política estatal. La consagración de la República al Corazón de Jesús no fue simplemente una manifestación privada de religiosidad: expresó una determinada concepción del poder en la que Estado, Iglesia y orden social debían integrarse bajo una misma matriz ideológica.
En un Estado constitucional, de derechos y justicia, republicano, democrático y laico como el declarado por la Constitución del 2008, que una de las máximas autoridades de la Asamblea reivindique políticamente a García Moreno obliga a preguntarse qué valores pretende rescatar. Porque detrás de la exaltación del gobernante autoritario aparece una antigua concepción conservadora: la sociedad como un cuerpo que debe ser disciplinado desde arriba; el orden situado por encima del conflicto social; la autoridad presentada como remedio frente a una ciudadanía supuestamente desorientada.
Cuando aumentan la inseguridad, el desempleo, la precarización y la desconfianza hacia las instituciones, la derecha puede evitar discutir las causas estructurales de esos problemas sustituyéndolas por una explicación moral: el país estaría en crisis porque perdió autoridad, disciplina, valores y orden. El conflicto entre intereses sociales desaparece y en su lugar aparece una sociedad que necesitaría ser corregida. García Moreno representa precisamente esa tradición.
Su Estado buscó construir hegemonía mediante una combinación de coerción y consenso. La historiografía contemporánea ha mostrado que el garcianismo no sobrevivió únicamente gracias a la represión: utilizó también la capacidad integradora del catolicismo, la reforma institucional y una poderosa mística discursiva para legitimar su proyecto. Eso lo hace históricamente mucho más interesante —y políticamente más actual— que la simple imagen del tirano.
La reacción no consiste necesariamente en restaurar literalmente el siglo XIX. Nadie está proponiendo volver al Concordato garciano ni exigir una profesión religiosa para ejercer ciudadanía. La reacción opera recuperando del pasado aquellas ideas capaces de legitimar las relaciones de poder del presente: autoridad sin deliberación, orden sin justicia social, disciplina para los de abajo y concentración de poder arriba.
Por eso tampoco es casual que la tradición democrática ecuatoriana haya construido otro referente histórico: Eloy Alfaro. Durante décadas, la confrontación simbólica García Moreno-Alfaro expresó una frontera política entre conservadurismo y fuerzas progresistas alrededor de una cuestión decisiva: mantener el Estado laico o retornar al confesionalismo.
Alfaro quedó asociado históricamente —con todas las contradicciones y límites de la revolución liberal— a la ruptura con privilegios heredados, la educación laica, las libertades públicas y la ampliación del espacio político. García Moreno, en cambio, quedó asociado a la autoridad confesional, al disciplinamiento ideológico y a un proyecto de modernización dirigido desde las clases dominantes.
Que desde la presidencia encargada de la Asamblea se vuelva la mirada hacia García Moreno dice algo sobre el momento político ecuatoriano. La derecha ecuatoriana parece buscar nuevamente en el pasado una justificación para el presente. Frente a una sociedad golpeada por la violencia, el desempleo y la incertidumbre, ofrece autoridad. Frente al conflicto social, orden. Frente a la crítica, disciplina.