Por Remo Cornejo Luque
La crisis del sistema de salud pública en el Ecuador ha tocado fondo, transformándose en una de las expresiones más crueles de la política criolla. Recorrer los hospitales del país ya no solo evoca el dolor de la enfermedad, sino la indignación colectiva de un pueblo que asiste a salas de espera desoladas, farmacias institucionales vacías y un desabastecimiento crónico de medicamentos esenciales. Sin embargo, la escasez en las perchas estatales no se debe a la falta de recursos, sino a un cálculo político premeditado y mezquino.
Mientras cientos de pacientes denuncian que en las casas de salud pública no encuentran Losartán para controlar la presión arterial, medicamentos para la diabetes, ni el más elemental paracetamol, a pocas cuadras se levanta un burdo espectáculo. Con total desparpajo, se despliegan llamativas brigadas médicas y carpas de entrega de fármacos. Este montaje no busca solucionar un problema estructural de salud; funciona como una flagrante vitrina diseñada con el único propósito de promocionar y apuntalar las candidaturas y figuras de Andrés Guschmer y Cynthia Viteri.
Esta estrategia de proselitismo evidencia una total degradación ética que solo puede existir en su ADN. Retener las medicinas en los hospitales públicos para luego distribuirlas de forma clientelar en tarimas partidistas es un atentado directo contra la dignidad humana. Ante la gravedad de los hechos, las autoridades de control tienen la obligación urgente de revisar los lotes, registros sanitarios, facturas y actas de entrega para esclarecer la procedencia de estos insumos. De confirmarse que estaban destinados a la red pública, estaríamos ante un descarado uso de recursos estatales para beneficiar una campaña partidista.
Resulta indignante que las medicinas desaparezcan cuando el trabajador acude enfermo a un hospital, pero aparezcan mágicamente en actividades que sirven para posicionar nombres e imágenes de candidatos gubernamentales. Además, el CNE está obligado a investigar una posible campaña anticipada. Si estas brigadas buscan posicionar figuras políticas antes del periodo autorizado por la ley, el organismo debe determinar cómo fueron financiadas. La ayuda médica no puede utilizarse como propaganda para captar votos aprovechándose de las necesidades de la población. El Ministerio de Salud Pública, el CNE y la Contraloría tienen la obligación de pronunciarse y presentar documentación; si los productos salieron de hospitales o fueron adquiridos con dinero público, deberán establecerse responsabilidades administrativas y penales.
Frente a esta cruda realidad, el pueblo no puede quedarse de brazos cruzados. El verdadero poder de respuesta radica en la conciencia democrática. El llamado urgente y firme es a reaccionar con entereza, utilizando la herramienta democrática más poderosa que poseemos: el voto. Es imperativo castigar en las urnas a este gobierno mentiroso, caracterizado por el autoritarismo y un corte policiaco, que prefiere jugar con la vida de las familias ecuatorianas antes que garantizar los derechos de la clase trabajadora. La salud del pueblo se respeta; es hora de frenar este abuso de poder de manera categórica. ¡Ni un voto para ADN!