Por Prof. Stalin Vargas Meza
La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, visitó el país a mediados del mes de agosto y en varias entrevistas dijo algo que la población ecuatoriana siente todos los días: ¨Me impresiona cómo el gobierno de Noboa parece estar siendo más efectivo en tratar de atacar a las organizaciones de sociedad civil, a los partidos de oposición, que al propio crimen organizado…Uno empieza a ver un proceso que ya no simplemente incluye violaciones a derechos humanos en el marco de la política de seguridad, sino restricciones serias al Estado de Derecho, a la democracia, ataques a organizaciones de sociedad civil¨[1] [1].
Esa declaración incluye varios aspectos: la preocupación sobre la política de seguridad, el funcionamiento de las instituciones democráticas, las garantías del Estado de Derecho; las restricciones a la oposición en particular con la participación de los partidos y movimientos políticos en las Elecciones Seccionales 2027; los ataques a las organizaciones sociales, utilizando la figura del lavado de activos.
¿Cómo se expresan esas declaraciones en la realidad del país?
La política de seguridad, desde el 8 de enero de 2024 hasta agosto 2026 se han decretado 20, son más de 890 días en los que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas realizan operativos para combatir al crimen organizado, el resultado: Ecuador se ha convertido en el país más peligroso de América Latina por el desbordamiento de la violencia delincuencial. Pese a los Estados de Excepción, la mano dura, la militarización del país, la inseguridad sigue afectando a los 18 millones de ecuatorianos y ecuatorianas. En concreto no hay una Estrategia Integral de Seguridad.
El lavado de activos, ¨no se usa contra las organizaciones criminales sino contra organizaciones de la sociedad civil¨, dice la directora para las Américas de Human Rights Watch. Esto se evidencia con la disposición de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), a la entidad reguladora del sector bancario para que congele las cuentas bancarias de varias organizaciones sociales como la UNE, Ecuarunari, organizaciones indígenas y ambientalistas, desde el 19 de septiembre de 2025. El motivo, su participación en las protestas contra la elevación del precio del diésel y su posición crítica respecto de la política económica del régimen del presidente Noboa.
Restricciones a la oposición, más claramente, persecusión a los partidos y movimientos políticos, alcaldes que iban a la reelección. Utilizando a la Función Electoral y a la Fiscalía suspendieron a la Revolución Ciudadana y al Movimiento Amigo, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue recluido en la Cárcel del Encuentro, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora fue sancionado por el TCE. Utilizando a la señora Diana Atamaint se pretendió eliminar del registro electoral a Unidad Popular. La lucha en defensa de la democracia, el derecho de participación en las calles y la defensa legal, no permitió que el presidente Noboa y su operadora política Diana Atamaint se salgan con la suya para eliminar a Unidad Popular.
A esto hay que sumar las dificultades que tuvieron las organizaciones políticas para realizar las elecciones primarias para designar a los candidatos y candidatas para las Elecciones Seccionales 2027, la inscripción de las alianzas y la inscripción de las candidaturas. Varias organizaciones no pudieron realizar las elecciones primarias (Izquierda Democrática, SUMA, RETO).
En definitiva, el crimen organizado sigue haciendo de las suyas, la población ecuatoriana vive en constante zozobra, el gobierno criminaliza y persigue a los dirigentes sociales, el presidente y sus ministros insisten en mentirle a la población, demuestran incapacidad, ineficiencia en el manejo del Estado.
Por ello es que el 80% de la población califica de malo y muy malo al gobierno de Noboa y le derrotará el 29 de noviembre.