Por Andrés Quishpe
Presidente de la UNE
El 18 de agosto de 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para Ecuador. El país se mantiene en nivel 2 de una escala de cuatro; sin embargo, determinadas zonas están clasificadas en los niveles 3 y 4, debido a riesgos asociados con delincuencia, terrorismo y secuestros (U.S. Department of State, 2026).
De acuerdo con el U.S. Department of State (2026), la clasificación territorial comprende las siguientes zonas:
Nivel 3: Reconsidera los viajes. Guayaquil, al norte de la Avenida Portete de Tarqui; El Oro, fuera de las ciudades de Huaquillas y Arenillas; Los Ríos, fuera de Quevedo, Quinsaloma y Pueblo Viejo; todas las zonas al sur de la ciudad de Esmeraldas; Sucumbíos; Manabí; Santa Elena y Santo Domingo.
Nivel 4: No viajar: Distritos de Nueva Prosperina y Pascuales, zonas al sur de la Avenida Portete de Tarqui en Guayaquil; Huaquillas y Arenillas en la provincia de El Oro; Quevedo, Quinsaloma y Pueblo Viejo en la provincia de Los Ríos; Durán en la provincia del Guayas; Esmeraldas ni a ninguna zona al norte de la ciudad de Esmeraldas.
Esta clasificación está dirigida formalmente a ciudadanos estadounidenses que pretenden viajar a nuestro país. Sin embargo, los territorios señalados no constituyen únicamente destinos turísticos: son espacios donde viven miles de familias, funcionan escuelas, colegios, universidades y donde cientos de docentes deben trasladarse diariamente para garantizar el derecho a la educación. Por tanto, el problema adquiere una dimensión mucho más profunda, ya que sus efectos alcanzan directamente al sistema educativo y, particularmente, a miles de comunidades escolares ubicadas en los territorios que actualmente concentran elevados niveles de riesgo, como se observa en el cuadro adjunto.
El cruce de estas alertas con los datos abiertos del Ministerio de Educación correspondientes al año lectivo 2024 -2025 entre todos los sostenimientos (público, particular, municipal, fiscomisional) permite identificar que, en los territorios considerados dentro de los distintos niveles de alerta, funcionan aproximadamente 8.091 instituciones educativas, en las que estudian 2 millones 588 mil 591 niños, niñas y adolescentes y trabajan alrededor de 121.330 docentes.
Nota: Estos datos no incluyen a las instituciones de educación superior; por lo tanto, la magnitud de la problemática es mayor.
Si el Estado y el gobierno asumen con seriedad estas alertas y datos, deberían reformular su visión. El problema ya no debería limitarse a indagar solo los efectos que tiene la inseguridad sobre quienes desean visitar el Ecuador, sino que obliga a plantear una cuestión de mayor alcance: ¿qué significa garantizar el derecho a la educación de millones de niños, niñas y adolescentes en territorios atravesados por la inseguridad y las distintas formas de violencia?
Cuando una comunidad enfrenta asesinatos, extorsiones, secuestros, enfrentamientos entre grupos criminales, amenazas, restricciones de movilidad o temor permanente, el trayecto entre el hogar y la escuela deja de ser una actividad cotidiana y se convierte en un factor de riesgo para estudiantes, familias y trabajadores de la educación. Esta realidad se traduce, a su vez, en reclutamiento forzado de niños (as), adolescentes por parte de la delincuencia, exclusión escolar, cambios de institución, dificultades para cubrir vacantes docentes, suspensión de actividades presenciales.
Como muestran los datos analizados, es necesario colocar la educación en el centro del debate nacional sobre seguridad. Cuando los territorios bajo distintos niveles de alerta concentran miles de establecimientos educativos, más de dos millones de estudiantes y cientos de docentes, la inseguridad deja de ser únicamente un problema policial, económico o turístico. Es también una emergencia educativa.
Garantizar el derecho a la educación va más allá de mantener abiertas las puertas de las escuelas.