Por UNE
El 29 de agosto de 2026, mediante la Resolución Nro. SNGR-238-2026, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) declaró Alerta Roja en todo el territorio nacional, ante la confirmación de El Niño y la evolución y fortalecimiento de las condiciones océano-atmosféricas asociadas al fenómeno, lo cual exige acciones inmediatas para proteger a estudiantes, docentes y a las instituciones educativas del país en riesgo.
La decisión representa una escalada frente a la Resolución Nro. SNGR-117-2026, que había establecido Alerta Amarilla en zonas prioritarias de 17 provincias, 143 cantones y 491 parroquias. En estas zonas en se momento se identificaron 328 instituciones educativas, más de 39.000 estudiantes y cerca de 3.000 docentes correspondientes al régimen Sierra-Amazonía expuestos a diferentes niveles de riesgo.
Pero la dimensión del problema es considerablemente mayor. El análisis de los datos abiertos del Ministerio de Educación permite identificar que dentro del total de las zonas inicialmente consideradas prioritarias funcionan: 7.139 instituciones educativas. Más de 1,25 millones de estudiantes y 63.767 profesores.
La Alerta Roja coincide, además, con un momento crítico para el sistema educativo. Mientras Sierra-Amazonía inicia el año lectivo 2026-2027 el 1 de septiembre, Costa-Galápagos avanzará hacia una etapa decisiva de su calendario escolar. Un incremento de lluvias, inundaciones, deslizamientos y afectaciones viales podrían comprometer simultáneamente la movilidad, la asistencia presencial, la infraestructura escolar y la continuidad educativa en ambos regímenes.
Es menester señalar que la decisión de elevar al máximo el nivel de alerta según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos tiene como propósito disponer la activación de los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) provinciales y cantonales, la actualización de escenarios de riesgo, la movilización de recursos y la aplicación de planes y protocolos de preparación, evacuación preventiva y respuesta. Partiendo de estos objetivos estatales, la UNE propone las siguientes acciones inmediatas:
. Declarar en emergencia el Sistema Nacional de Educación, priorizando la protección de la vida, la seguridad, la infraestructura y la continuidad educativa.
. Demandamos al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la implementación inmediata de un Plan Nacional de Prevención, Contingencia y Continuidad Educativa frente al fenómeno de El Niño 2026–2027, que identifique y clasifique las instituciones educativas según sus niveles de riesgo; establezca acciones diferenciadas de prevención, preparación, respuesta y recuperación; garantice modalidades alternativas para asegurar la continuidad educativa; defina responsabilidades claras en los niveles central, zonal, distrital e institucional; y asegure un presupuesto específico para infraestructura, alimentación escolar, recursos pedagógicos, atención de emergencias y recuperación. Este plan debe tener como prioridad la protección de la vida, la integridad y la seguridad de las comunidades educativas, garantizando al mismo tiempo el derecho a la educación. Una emergencia climática no puede convertirse en un factor que profundice la exclusión, interrumpa el proceso de enseñanza y aprendizaje o empuje a más niñas, niños y adolescentes fuera del Sistema Nacional Educativo.
. Garantizar la entrega y ejecución de los más de USD 5.984,62 millones establecidos en el PGE 2026 para educación inicial, general básica y bachillerato.
. La educación, la salud y la seguridad no pueden depender únicamente de protocolos de emergencia o de respuestas posteriores a los desastres. El país requiere inversión sostenida, prevención, infraestructura segura y políticas públicas capaces de proteger a la población y garantizar sus derechos antes, durante y después de una emergencia.
. En este contexto, proponemos al Gobierno que, dentro del marco constitucional, legal y fiscal vigente, movilice USD 3.000 millones de los recursos disponibles en las Reservas Internacionales para fortalecer la educación y la salud públicas, la seguridad y, de manera prioritaria, financiar acciones de prevención, mitigación, respuesta y recuperación frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño en el campo y la ciudad.
El Gobierno debe actuar en los hechos y no solo declarar la alerta roja.