Por Remo Cornejo Luque
Ecuador asiste una vez más a un libreto de ruido político perfectamente coordinado, un auténtico tongo judicial montado para adormecer la conciencia colectiva. En el pueblo honesto existe un consenso claro: todos los corruptos deben pagar por sus fechorías, sin importar la administración a la que pertenezcan.
Empero, la coincidencia de acontecimientos —la sentencia contra el expresidente Lenín Moreno por el caso Sinohydro y la espectacularizada deportación de José Serrano a la cárcel «El Encuentro»— trasluce una burda cortina de humo. Se trata de un calculado libreto de distracción social cuyo único propósito real es desviar la mirada de la clase trabajadora del estrepitoso fracaso y las lesivas políticas del gobierno de Daniel Noboa.
Esta maniobra responde a una crisis profunda: el gobierno pierde credibilidad de forma acelerada, al punto de que 8 de cada 10 ecuatorianos ya no creen en él, un desplome que además ya evidencia un claro rechazo en las urnas. Resulta ingenuo creer en la repentina eficiencia de un sistema de justicia que convenientemente calza con la agenda presidencial. Mientras los titulares se inundan con el desfile de viejas figuras de la corrupción del pasado, el régimen pretende que el pueblo sufra de amnesia frente a los escándalos del presente y olvide el caso Progen, ese colosal fraude donde Celec dilapidó más de 104 millones de dólares en generadores inoperativos durante la crisis energética.
Pero el tongo mediático no solo esconde los negociados; es también el velo que camufla el autoritarismo. Con el pueblo distraído en el show penitenciario, el régimen avanza en la ejecución de su siniestro Plan Nacional de Seguridad Integral (Decreto 448). Lejos de pacificar los territorios tomados por las mafias y encarcelar a los capos, este plan despliega herramientas de inteligencia civil que apuntan peligrosamente a la criminalización de la protesta social y al hostigamiento contra las organizaciones populares y el pensamiento crítico.
Para el régimen de Noboa, recurrir al «pan y circo» carcelario es una urgencia de supervivencia ante su evidente declive. Intentar maquillar su fracaso en la «guerra interna» contra el crimen organizado y el narcotrafico; el desabastecimiento de los hospitales públicos; el encarecimiento de la vida y el desempleo estructural con trofeos judiciales ya no surte efecto en las mayorías.
Quienes apelan a la memoria histórica sostienen la obligación ética de rasgar ese velo de distracción. El verdadero debate nacional está en las calles, en la exigencia de la salida de Noboa, en la transparencia por el atraco de Progen, en el rechazo a un plan de seguridad represivo y en la urgente necesidad de construir una alternativa política digna, honesta y verdaderamente popular. ¡Ni un voto a ADN en las próximas elecciones seccionales!