Comunicado
El día 10 de septiembre, siete organizaciones internacionales denuncian el estado de represión y militarización en Ecuador.
El informe, realizado tras una visita a Ecuador, incluye entrevistas en terreno a diversas comunidades, personas defensoras, autoridades locales y representantes de la comunidad internacional.
Tras una visita de observación realizada en marzo de 2026, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Front Line Defenders – FLD, CIVICUS: Alianza Global para la Participación Ciudadana, 11.11.11 – Coalición para la Solidaridad Internacional, la Asociación de Abogadas, Abogados, Jueces y Fiscales de Derechos Humanos de América Latina y el Caribe – AJUFIDH y Brigadas Internacionales de Paz – PBI publican hoy un informe conjunto que alerta sobre el deterioro acelerado de la defensa de derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador.
En medio de un contexto marcado por la militarización de la seguridad pública, el debilitamiento del Estado de Derecho y una creciente articulación entre conflictividad extractiva y securitización de los territorios, el informe, Ataques y criminalización contra la sociedad civil en un contexto de militarización y extractivismo en Ecuador, encuentra los siguientes hallazgos:
Retroceso en el Estado de derecho
Desde marzo de 2024, el Estado ha adoptado de manera recurrente estados de excepción, declaratorias de conflicto armado interno y la ampliación del rol de las Fuerzas Armadas en seguridad ciudadana, normalizando medidas excepcionales que no han reducido la inseguridad ciudadana en el país. Al contrario, las cifras de muertes violentas alcanzan récords históricos y en zonas militarizadas se reportan graves violaciones de derechos humanos, con impactos desproporcionados en pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas.
«Ecuador está ante una encrucijada: o fortalece el Estado de derecho o profundiza la crisis. Las medidas excepcionales no pueden convertirse en la nueva normalidad y los conflictos socioambientales no pueden resolverse con la militarización de los territorios. Una política de seguridad en el país debe incluir las causas multidimensionales de la violencia y debe estar sujeta al derecho internacional», señala Soraya Gutierrez, Secretaria General de la FIDH.
Debilitamiento institucional
Las organizaciones observan ataques a la Corte Constitucional, cuestionamientos a la independencia judicial, retrasos en la administración de justicia y el cumplimiento de sentencias, así como una respuesta insuficiente de la Defensoría del Pueblo frente a la criminalización y el bloqueo de cuentas de defensores. Al respecto, Cesar Sivo, presidente de la AJUFIDH, afirma que «la independencia judicial no es negociable: sin poderes autónomos, el Estado de derecho se desvanece y la justicia se convierte en un espejismo».
Criminalización de la protesta y cierre del espacio cívico
Desde 2025, el informe identifica patrones de represión violenta contra protestas pacíficas lideradas por movimientos indígenas, incluyendo criminalización, estigmatización y uso persecutorio de medidas administrativas, financieras y jurídicas contra personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de sociedad civil.
«Pudimos constatar un preocupante y acelerado deterioro del espacio cívico. La violenta represión del paro del 2025, sumado al aumento de amenazas y agresiones contra periodistas, así como las sanciones administrativas y financieras contras organizaciones de la sociedad civil, dejan un escenario cada vez más hostil para el ejercicio de las libertades cívicas», enfatizó Eduardo Marenco, de CIVICUS.
Ataques a personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza y organizaciones y movimientos sociales
La visita documenta un índice preocupante de violencias y ataques contra personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza y organizaciones de la sociedad civil, con especial atención a los casos de criminalización, sin que el Estado reconozca la dimensión de esta problemática y adopte medidas robustas y eficaces para prevenir esas violaciones y proteger a las personas defensoras.
«Defender los derechos humanos y la naturaleza no es un delito, como reconoce la propia Constitución de Ecuador. La criminalización, la estigmatización y los ataques contra personas defensoras en Ecuador deben cesar de inmediato. El Estado tiene la obligación de proteger a quienes defienden los derechos de sus comunidades, no de perseguirlos», sostiene Álvaro Gómez del Valle, responsable de incidencia para las Américas de Front Line Defenders.
El avance del extractivismo
Lejos de ser una mera política económica sectorial, el extractivismo –articulado a través de los sectores minero, petrolero, agroindustrial, pesquero e hidroeléctrico– emerge como un entramado de decisiones normativas, institucionales y de seguridad que favorecen su expansión en nombre del crecimiento económico y la estabilidad de las inversiones en el país. Esta dinámica converge con un debilitamiento de las garantías de participación, protección de derechos y cumplimiento de decisiones democráticas y judiciales y el derecho internacional de los derechos humanos, que terminan por afectar la gobernanza comunitaria, los medios de vida y la capacidad de las comunidades para decidir de manera libre e informada sobre sus propios territorios. Sobre esta grave problemática, Carla Mocoso, de 11.11.11, señala que “Lo que está en juego es quién decide sobre los territorios, qué formas de vida son protegidas y quién asume los costos sociales y ambientales de las conflictividades, frente a ciertas miradas o categorías de “interés nacional”, “seguridad estratégica” o “sectores estratégicos”.
Dentro de las recomendaciones urgentes, las organizaciones instan al Estado ecuatoriano a:
Adecuar las políticas de seguridad a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, con control civil y judicial sobre el uso de la fuerza.
Garantizar la independencia de los poderes públicos.
Poner fin a la criminalización de manifestantes y personas defensoras, e investigar el uso excesivo de la fuerza.
Proteger a las personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, con políticas integrales, enfoque de género e interculturalidad.
Respetar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas por proyectos extractivos.
Al mismo tiempo, las organizaciones llaman a la comunidad internacional a:
No normalizar el deterioro de los derechos humanos como costo de las políticas de seguridad y apuestas económicas de desarrollo.
Fortalecer el monitoreo y el apoyo a personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y víctimas, en coordinación con la CIDH y la ONU.
«La comunidad internacional no puede mirar hacia otro lado. Ecuador necesita apoyo decidido para proteger a quienes protegen los derechos. Nuestras organizaciones seguiremos atentas desde la veeduría internacional y acompañando de cerca la situación de los derechos humanos en el país», enfatizaron las organizaciones firmantes.