Por Dra. Natasha Rojas L
El gobierno de Daniel Noboa avanza en la consolidación de un Estado policíaco como parte de su proyecto concentrador del poder en el que vigila, intimida, controla, criminaliza la lucha social y persigue a quienes cuestionan y piensan distinto al poder.
La democracia no solo se debilita cuando se restringe libertades y derechos; se debilita también cuando se concentra el poder y se limitan funciones y competencias debilitando a los gobiernos descentralizados, lo que pone en riesgo el proceso de autonomía y descentralización.
El gobierno implementa un proyecto que busca fortalecer el centralismo sobre la base de afectar funciones y competencias constitucionales y legales de los gobiernos autónomos descentralizados, lo que pone en riesgo el proceso de descentralización.
El proceso de descentralización no nace en 2008 con la actual Constitución, sino que tiene antecedentes importantes vinculados al municipalismo y a las exigencias territoriales para que las decisiones no se concentren en el Gobierno Central. Encontramos algunos hitos jurídicos importantes: la aprobación de la Ley Especial de Descentralización del Estado y de Participación Social, en 1997; la Constitución de 1998; y la aprobación de la Constitución de 2008, que en su artículo 1 establece que el Estado se gobierna de manera descentralizada. Con esta Constitución pasamos de una descentralización a la carta a un proceso de descentralización obligatorio para todos los GAD, con los recursos correspondientes. Posteriormente, en el año 2010, se aprobó el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; en 2016, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo; y, en el año 2018, la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, normativas que contribuyeron al sistema de descentralización, modelo que hoy está en riesgo por las reformas implementadas.
La política implementada por el Gobierno de Noboa busca la concentración del poder y el debilitamiento progresivo de la autonomía administrativa, financiera y política de consejos provinciales, municipios y juntas parroquiales. Para ello, señalamos algunos hechos:
- Atrasos sistemáticos en las transferencias de recursos a los GAD y transgresión sistemática a la autonomía reconocida en la Constitución, vulnerando lo establecido en el artículo 271 y 278 de la Constitución.
- Interferencia en el uso de los recursos, poniendo límites a la capacidad de decidir sobre la ejecución presupuestaria en el área social, presión por la disminución de recursos mediante reformas y exigiendo la disminución en gasto corriente que ha derivado en procesos de despidos de trabajadores, a través de la reforma 70-30, expresada en la Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
- Limitación de la capacidad de fiscalización y legislación de los concejales, eliminación del fuero de corte y facilitación del camino a la inversión privada en las telecomunicaciones, quitando competencias y facultades de planificación territorial y ordenamiento urbano a los municipios. Esto se plantea a través de las nuevas reformas al COOTAD que se están tramitando en la Asamblea Nacional.
- Se establece un mecanismo de control y seguimiento a los municipios mediante la implementación de funciones y facultades de la Secretaría de Ordenamiento Territorial, a través de las reformas a la LOOTUGS.
- Política de intervención a los GAD sin resolución del Consejo Nacional de Competencias, como lo establece el COOTAD en su artículo 119.
- Utilización de las instituciones del Estado para amenazar, perseguir y sancionar, a través de distintos mecanismos, a alcaldes, prefectos, concejales y vocales de juntas parroquiales.
- Control de la comunicación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados bajo el argumento del control de la desinformación. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia coordinará con otras instituciones con la finalidad de fortalecer dicho control.
La descentralización es una conquista democrática de los pueblos, que enfrenta a modelos centralizadores que afectan a la distribución equitativa de los recursos, la autonomía y los derechos de los pueblos de los distintos territorios del país.