Por: Alonzo Cueva Rojas*
La reciente Sentencia 120-26-IN/26, emitida por el Pleno de la Corte Constitucional, constituye un hito histórico para los trabajadores de la educación en el Ecuador. Al declarar la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2 y 5 del Acuerdo Ministerial MINEDEC-2026-00045-A, el máximo organismo de control ratificó de forma definitiva que los sábados no son días laborables para el magisterio. Más allá de ser un logro técnico, este fallo representa el triunfo de la dignidad frente a la arbitrariedad, y una demostración contundente de la vigencia de la lucha y la conciencia clasista de la Unión Nacional de Educadores (UNE).
Durante meses, el MINEDEC y el Gobierno Central pretendieron normalizar la precarización bajo el pretexto de la recuperación del tiempo o la optimización institucional. La imposición de trabajar los fines de semana no solo vulneró el derecho constitucional al descanso, al desarrollo familiar y a la desconexión digital, sino que desnudó la conducta patronal, autoritaria y deshumanizante de las autoridades de turno. Con este fallido acuerdo, el Estado pretendió modificar la jornada laboral por una vía administrativa ilegal, demostrando que para el poder político el docente es visto como un recurso sobre explotable y no como el pilar fundamental del sistema social.
Sin embargo, la respuesta del magisterio organizado no se hizo esperar. La UNE, manteniéndose fiel a su tradición combativa, demostró que los derechos no se mendigan, sino que se conquistan y se defienden en las calles y en los tribunales. Esta victoria es el resultado directo de una profunda conciencia de clase: los profesores del sector público se reconocieron a sí mismos como trabajadores explotados por un Estado empleador negligente y, mediante la unidad, decidieron frenar el abuso patronal de raíz.
El trasfondo de este atropello devela una realidad alarmante: el Gobierno carece de toda autoridad política y moral para endosar al magisterio las falencias del sistema educativo. Mientras la Constitución ordena taxativamente destinar al menos el 6% del PIB a la educación, el Estado apenas programa presupuestos marginales, generando una brecha ilegal que asfixia a las aulas. Un régimen que incumple su propia Carta Magna no puede exigir «sacrificios» a quienes sostienen la educación pública con sus propios recursos.
La crisis actual de la educación fiscal es el retrato vivo del abandono: un agresivo congelamiento de salarios que pisotea los procesos de escalafón, precarización laboral institucionalizada y una infraestructura en soletas, con escuelas abandonadas y desmanteladas. Esta debacle no es accidental; responde a un colapso planificado por un Gobierno que prefiere priorizar de forma sumisa el recetario de austeridad fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) en lugar de invertir en el desarrollo y la vida de los hijos del pueblo.
La lección que deja este episodio es clara para todo el movimiento obrero ecuatoriano: la organización colectiva sigue siendo la única herramienta eficaz contra la arremetida neoliberal y flexibilizadora. El magisterio nacional ha vuelto a dar una cátedra de dignidad y firmeza, recordando al país entero que cuando la base se moviliza con conciencia y dirección clara, hasta los decretos más dictatoriales del poder terminan doblegándose ante la fuerza de la justicia laboral.
*Lic. en Ciencias de la Educación, Prof. de Segunda Enseñanza y Prof. de Educación Infantil (UTPL)