Por Vladimir Andocilla y Lorena Araujo
Los resultados de PISA 2025 para Ecuador han generado preocupación. Apenas el 20 % de los estudiantes evaluados alcanzó al menos el nivel 2 en Matemática; el 38 % lo hizo en Lectura y el 40 % en Ciencias. Son cifras que obligan a discutir qué está ocurriendo con nuestro sistema educativo. Sin embargo, reducir el análisis a señalar que los estudiantes “aprenden menos” puede llevarnos a conclusiones equivocadas y, especialmente, a desconocer una realidad que quienes trabajamos por la educación inclusiva conocemos diariamente.
La OCDE advierte que, respecto de la evaluación anterior, aumentó la proporción de adolescentes ecuatorianos de 15 años incorporados al sistema educativo y, por tanto, elegibles para participar en PISA. Parte de la reducción de los resultados estaría relacionada con la incorporación de estudiantes pertenecientes a sectores que anteriormente permanecían fuera del sistema educativo por razones económicas, sociales o de otra condición.
Esto plantea una cuestión fundamental, un sistema educativo puede presentar mejores promedios mientras excluye a quienes enfrentan mayores barreras sociales, económicas y actitudinales. También puede disminuir sus resultados promedio cuando consigue que más adolescentes permanezcan estudiando. Por ello, inclusión y calidad no pueden presentarse como conceptos contrapuestos.
Desde APADA del Ecuador defendemos otra perspectiva: Una educación no puede considerarse de calidad si para alcanzar buenos indicadores deja estudiantes fuera del aula. Pero tampoco podemos considerar inclusiva una educación que permite matricularlos y luego no proporciona las condiciones necesarias para aprender.
La inclusión no consiste simplemente en permitir que un niño o adolescente ingrese a una institución educativa regular. Implica identificar las barreras que encuentra para participar y aprender y proporcionar los apoyos necesarios para eliminarlas o reducirlas. Para un estudiante autista pueden ser determinantes aspectos que muchas veces pasan inadvertidos: el ruido del aula, la iluminación, la cantidad de estudiantes, los cambios imprevistos de rutina, las formas de comunicación, los tiempos de evaluación o la posibilidad de contar con espacios de regulación.
Resulta significativo que PISA encuentre problemas en las condiciones materiales del sistema ecuatoriano. Una parte importante de los estudiantes estudia en instituciones cuyos directivos reportan insuficiencia de materiales, infraestructura inadecuada o falta de personal de apoyo. No estamos hablando únicamente de recursos administrativos. Estamos hablando de las condiciones concretas en las que ocurre el aprendizaje.
Existe, además, un elemento que merece ser destacado. Los estudiantes ecuatorianos muestran una percepción favorable sobre el acompañamiento de sus docentes: el 86 % señala que sus profesores de Ciencias se interesan por el aprendizaje de cada estudiante; el 80 % indica que continúan enseñando hasta que los alumnos comprenden y el 85 % afirma recibir ayuda adicional cuando la necesita.
Estos datos cuestionan la explicación fácil de responsabilizar al docente por los problemas educativos. La voluntad y el esfuerzo del profesor tienen límites cuando existen aulas numerosas, insuficientes equipos de apoyo, infraestructura poco accesible o falta de recursos para responder a la diversidad.
Para las familias de personas autistas esta realidad es conocida. Con demasiada frecuencia los apoyos que debería garantizar el sistema terminan dependiendo de los recursos económicos, conocimientos y capacidad de gestión de cada familia. Esto produce una segunda desigualdad: no solamente importa la condición del estudiante, sino las posibilidades materiales de su entorno familiar para conseguir aquello que la institución educativa no proporciona.
Hay otra limitación que debemos discutir. Los resultados nacionales de PISA no ofrecen información suficiente y desagregada para conocer qué está ocurriendo específicamente con los estudiantes con discapacidad. Si queremos evaluar seriamente la educación inclusiva necesitamos saber cuántos ingresan, cuántos permanecen, qué apoyos reciben, qué barreras enfrentan, cuáles son sus aprendizajes y cuántos terminan abandonando el sistema.
La Constitución ecuatoriana, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la legislación educativa obligan al Estado a garantizar una educación inclusiva. Esto supone accesibilidad, ajustes razonables, apoyos, formación docente y condiciones que permitan aprender y participar en igualdad de oportunidades. No son concesiones de las instituciones educativas ni privilegios para determinados estudiantes: son obligaciones derivadas del derecho a la educación.
PISA debe servirnos, entonces, para formular una pregunta más profunda que aquella que busca determinar si Ecuador subió o bajó algunos puntos. ¿Estamos construyendo un sistema capaz de enseñar a todos los estudiantes que hoy llegan a sus aulas?
Desde APADA del Ecuador sostenemos que incluir no significa bajar la calidad educativa. Significa cambiar la manera en que entendemos esa calidad. El desafío no es escoger entre aprendizaje e inclusión. Es construir una escuela en la que ningún estudiante tenga que ser excluido para que las estadísticas mejoren y en la que estar matriculado sea apenas el comienzo. El objetivo es estar, participar, aprender y desarrollarse con los apoyos que cada persona necesita.
*Vladimir Andocilla. Abogado y presidente de APADA del Ecuador
* Lorena Araujo. Educadora parvularia y coordinadora docente de APADA del Ecuador