Por Lic. Alonzo Cueva Rojas
La salud de Zamora Chinchipe vuelve a quedar atrapada en el laberinto de la ineficiencia. La caída del proceso de contratación inicial para los estudios del nuevo Hospital General Julius Doepfner (CPC-HGJD-2026-001) es una bofetada a una provincia que subsidia el desarrollo del país, pero recibe migajas en infraestructura básica.
El argumento oficial para sepultar el intento se ampara en un «error de procedimiento»: omitir las respuestas a las preguntas de los oferentes, obligando al SERCOP a sugerir su baja. Ante esto, cabe plantearse preguntas incómodas: ¿Fue un descuido involuntario, el reflejo de una alarmante falta de competencia técnica para manejar un proyecto de más de 600 mil dólares, o una maniobra premeditada para dilatar los tiempos o direccionar el concurso? En la administración pública, la línea entre negligencia y mala fe es delgada. Si fue impericia, es inaceptable que se desconozca la obligatoriedad de responder en el portal de Compras Públicas; si fue premeditado, es un boicot institucional. El resultado es el mismo: retraso, desconfianza y un forzado reinicio con el proceso CPC-HGJD-2026-002.
Nuestra provincia merece otro trato. No pedimos favores; exigimos un derecho respaldado por la justicia económica. Cifras oficiales del Servicio de Rentas Internas (SRI) revelan que, en el primer semestre de 2026, generamos la histórica cifra de USD 758,15 millones en impuestos. Impulsada por el motor minero de Yantzaza y El Pangui, Zamora Chinchipe desplazó a Azuay (USD 561,38 millones) para convertirse en la tercera provincia con mayor recaudación fiscal del Ecuador, solo detrás de Pichincha y Guayas.
Al correlacionar estos montos con la densidad poblacional, el indicador es demoledor: ostentamos el mayor aporte tributario per cápita a nivel nacional. Mientras pocos miles de ciudadanos generamos proporcionalmente más riqueza fiscal que las grandes metrópolis, la retribución estatal es inversa. Es inmoral que la tierra que sostiene buena parte de la economía fiscal ruegue por un hospital digno, mientras el actual centro médico superó su vida útil hace más de medio siglo.
Esta realidad demanda un rol articulador de nuestros asambleístas, a quienes exhortamos con respeto, pero con firmeza a ejercer una fiscalización preventiva y actuar como guardianes directos del nuevo concurso ante el Ministerio de Salud y el SERCOP. Es indispensable que, junto a las autoridades locales, conformen un bloque unificado que blinde los intereses de la provincia en la capital y asegure que el proceso 002 avance sin vicios legales. Zamora Chinchipe ya entregó sus recursos y su paciencia; el nuevo concurso está en marcha y las autoridades tienen una última oportunidad para redimirse, porque los ojos de la ciudadanía están puestos sobre ustedes y nuestra salud no resiste un tropiezo administrativo más.