Por Dr. Marco Villarruel A.*
Existe preocupación en la ciudadanía y en particular en el seno de las Fuerzas Armadas por la fulminante remoción del teniente general Mauricio Xavier Salazar Machuca, de sus funciones como comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), por parte del presidente de la República, Daniel Noboa, el 10 de septiembre del 2026.
El comandante Salazar había presentado un oficio reservado al Comando Conjunto, en el que se pedía un marco legal claro y ajustado a la Constitución frente a los vuelos de EEUU en Taura. Se deduce que los militares estadounidenses habrían instalado una especie de base militar, lo cual está prohibido por la Constitución y por el mandato de la última consulta popular. El Ecuador, señaló Salazar, es un territorio de paz y prohíbe el establecimiento de bases extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares.
En la comunicación presentada, el teniente general Salazar solicitó evaluar el Acuerdo SOFA sobre la movilidad de aeronaves, buques y personal de Defensa de los EEUU, y la regulación de sobrevuelos en las operaciones marítimas transnacionales consideradas ilícitas.
La preocupación también tenía su base en los vuelos de naves extranjeras sobre la Base de Taura.
Según una fuente oficial, el comandante cesado solicitaba “precisar el alcance de las actividades estadounidenses y determinar los mecanismos jurídicos, administrativos o acuerdos que permitan ejecutar la cooperación sin vulnerar la Constitución”.
Para estas fechas ya son numerosas las informaciones sobre el emplazamiento militar extranjero en diferentes localidades del Ecuador. Las más visibles están en Esmeraldas, Guayas , Carchi y Taura, según despachos publicados en los medios de comunicación nacionales y extranjeros.
El ambiente se enrareció luego de que medios de comunicación internacionales y organizaciones civiles de monitoreo, informaran sobre los violentos operativos navales de EEUU sobre presuntas naves ecuatorianas que transportarían drogas o combustibles.
Se conoce extraoficialmente la destrucción y hundimiento de 7 embarcaciones pesqueras ecuatorianas desde el inicio de la ofensiva el 28 de agosto de 2026. Entre las naves destruidas e identificadas constan: Los Tres Hermanos, Conquista OM2, María Candelaria, Montectristi, Don Rufo, y Siempre Don Carlos. Históricamente, organizaciones sociales como el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) registran al menos 24 naves hundidas o desaparecidas por naves norteamericanas desde el año 2001.
En este ámbito los expertos se preguntan si las fuerzas armadas ecuatorianas están cumpliendo con la Constitución en lo concerniente a que la seguridad de los y las ecuatorianas es responsabilidad de los militares.
Se recuerda al respecto que una situación parecida se produjo en el año 2009, cuando los EEUU abandonaron la Base Manta, que no siempre pudieron los expertos militares ecuatorianos acompañar a las naves norteamericanas en los operativos de reconocimiento aéreo de posibles naves portadoras de droga y en los operativos de inteligencia sobre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo cual vulneraba los acuerdos respectivos.
De su parte el general Wagner Bravo relievó la necesidad de hacer cumplir lo que estipulan los acuerdos sobre la Interdicción Aérea y el Reglamento de Privilegios y Acuerdos e Inmunidades. Enfatizó que debe haber soberanía nacional sin vulneración y nunca se debe cruzar la línea de vulnerar la soberanía del Estado ecuatoriano. “Las intervenciones extranjeras deben tener un marco de planificación e inteligencia transparente para la ciudadanía, asegurando que las reglas especiales de la inmunidad no den paso a la opacidad institucional”. Dijo además que hay que evitar que las tensiones políticas de la cúpula militar debiliten la seguridad del espacio aéreo.
Al momento no ha existido ningún parte militar oficial ecuatoriano sobre las operaciones extranjeras en territorio soberano o en sus espacios adyacentes, particularmente a la altura de las Islas Galápagos, como tampoco alguna información de los pescadores que se hallan desaparecidos.
Se deduce entonces que no debe repetirse operativo extranjero en aguas nacionales o internacionales sin conocimiento e informe oficial y que produzcan bajas humanas o la destrucción de embarcaciones presuntamente involucradas en hechos ilícitos.
Esperamos la información oficial de las Fuerzas Armadas y las acciones que deberán emprenderse para asegurar la vida y bienes de los ecuatorianos.
*Dr. en Ciencias Internacionales