Por: Remo Cornejo Luque
Luego de que la Corte Constitucional (CC) admitiera a trámite dos demandas de inconstitucionalidad a la Ley Orgánica de Educación Intercultural bilingüe, diversas organizaciones sociales y políticas, asambleístas, representantes de entidades de control y personalidades democráticas, han presentaron, indistintamente, el Amicus Curiae para defender la reforma a la ley, para exigir respeto a los derechos de los docentes y los estudiantes de acceder a una educación de calidad, calidez y con infraestructura adecuada.
El 28 de junio, centenares de docentes se movilizaron en todo el país, y en Quito llegaron a la Corte Constitucional para sustentar la defensa de la LOEI. La UNE en forma categórica sostuvo en la audiencia que “la educación es una inversión, no un gasto, que debe destinarse por ley el presupuesto para fortalecer la educación, debe asignarse el 6% del PIB que garantizaría mejoras en la infraestructura de las instituciones educativas… al magisterio se le ha perjudicado en USD 2.700 millones al no tomar en cuenta los acuerdos ministeriales 152 y 156 del año 2016. Por tanto, somos un grupo que ha sido discriminado en cuanto a los sueldos: mientras que un policía bachiller ingresa con sueldo de USD 923 o un técnico gana USD 1212, el docente con título de técnico superior o tercer nivel, incluso a veces con maestría, apenas gana USD 817. Esa discriminación debe parar”.
Es inadmisible que, en esa audiencia de la CC, el representante del ejecutivo -de manera virtual-haya expresado que, en caso de aceptar la constitucionalidad de la LOEI, será una más de las leyes que no se puedan cumplir, lo cual demuestra que no hay un compromiso serio y responsable de del gobierno del “Encuentro” para buscar formas para financiar los ingresos del fisco en favor de la educación, a sabiendas que bien se podría cobrar los USD 7 mil millones a evasores y elusores de impuestos, USD 1.500 millones de deudas en firme al SRI; o, recuperar dineros de la corrupción.
Esta actitud del gobierno, de pretender que la CC declare inconstitucional las Reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, ha obligado a que los docentes adopten una medida alta de lucha como es la HUELGA DE HAMBRE, y desde el 12 de julio se cumple en cuatro ciudades: Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo.
El gobierno del “Encuentro” quedó en frase hueca, pues no acepta diálogos de los sectores populares y lo que ha hecho, al estilo de todo gobierno represivo y antipopular, es amenazar con la cárcel para quienes ejerzan el derecho a la resistencia.
La lucha del magisterio va en aumento y recibe la solidaridad de padres de familias, estudiantes, organizaciones sociales y sindicales. Del gobierno depende la solución a esta justa lucha y demanda social, y de no hacerlo, simplemente, enardecerá la protesta popular.