Por Mercy Sarmiento Pesántez /Cuenca
Defensora de los Derechos Humanos
La educación es indispensable para el pleno ejercicio de los derechos de un país soberano. El artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida, un deber ineludible e inexcusable del Estado, es decir, se debe incluir sin opción, algo que no puede evitarse, que resulta inevitable e inexcusable, constituyéndose además en un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal.
Veinte y cuatro son los días de huelga de hambre que llevan los docentes que son parte de la Unión Nacional de Educadores, UNE, en varias provincias de nuestro país, ejercen su derecho a la protesta con la finalidad de apoyar la vigencia de la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural-LOEI.
Las razones son varias, pero dentro de las más importantes esta la solicitud de la asignación del 6% del PIB para educación; un presupuesto que no pueda ser disminuido durante el ejercicio fiscal; sustitución del Bachillerato General Unificado por Bachillerato en Ciencias, Técnico, Productivo y Artes; derecho a la Seguridad Social para todos los educadores comunitarios y populares; educación para personas con escolaridad inconclusa; pago de bonificación a docentes mejores puntuados; garantía en la estabilidad laboral para los profesionales de los Departamentos de Consejería Estudiantil y equiparación salarial para los docentes.
Estas y otras razones como mejorar la calidad educativa, la conectividad de los estudiantes, medidas para prevenir y erradicar la violencia dentro de los espacios educativos y mejorar las condiciones de los docentes, son los temas que aborda la Ley Reformatoria a la LOEI.
El objetivo principal que se pretende con esta lucha es superar las falencias que se han venido arrastrando desde hace muchos años atrás en el sistema educativo y mucho más desde la pandemia, misma que ha agravado las barreras de acceso al sistema educativo ocasionando que, un gran porcentaje de niños, niñas y adolescentes deserten del sistema escolar, UNICEF indica que alrededor de 90000 estudiantes están fuera del sistema educativo, es decir que el Estado es responsable de la vulneración de los derechos a este grupo de atención prioritaria, derecho que se encuentra contemplado en el Art. 26 de la Constitución y Art. 37 del Código de la Niñez y Adolescencia. Además de los problemas mencionados hubo una reducción de 900 millones de dólares de inversión en el Ministerio de Educación en el gobierno anterior.
Los argumentos por los que se plantea solicitar la inconstitucionalidad de la ley reformatoria se fundamentan por limitaciones formales, administrativas y sobre todo financieras; al ser nuestro país un estado constitucional de derechos y justicia social, el fin primordial es el ejercicio efectivo de los derechos de todos y todas, sin tener que sacrificar su vigencia por temas financieros y/o administrativos, la Constitución establece que los derechos son progresivos es decir se debe evitar toda acción u omisión que pueda ser de carácter regresivo y anule de manera injustificada el ejercicio de derechos.
Es necesario que en el país se reconozca las falencias que existen en el sistema educativo y se asuma con responsabilidad la garantía en el efectivo goce de los derechos; invertir en la educación debe ser una prioridad, el 6% del PIB debe ser destinado a la educación cumpliendo así con lo que señala la Constitución, lo necesario e importante aquí es que exista un dialogo entre los involucrados, para así, garantizar los derechos de todos y todas.
La protesta de los maestros de la UNE debe ser reconocido como una muestra de que se necesita en el país garantizar el ejercicio progresivo de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y docentes mediante la vigencia de la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Integral; la Corte Constitucional debe continuar con el debido proceso y resolver el trámite de inconstitucionalidad en un marco de respeto a los derechos humanos, con la finalidad de evitar afectaciones en la salud de los docentes que participan en la huelga de hambre, siendo necesario que el Gobierno asuma la responsabilidad constitucional a fin de resolver la crisis que enfrenta el sistema educativo.