Por Patricio Camacho Zavala
La visita de los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH a la cárcel regional de Guayaquil y su entrevista con los más peligrosos delincuentes recluidos allí, como Fito y Junior, miembros del denominado grupos de “Los Choneros”; además de con el ex Vicepresidente Jorge Glass, en el Centro de Rehabilitación centro norte de Cotopaxi, se da en el contexto de las masacres carcelarias, por la disputa de territorio entre el cartel de Sinaloa y otros grupos de narcotraficantes. Por ello es que esta visita es cosmética.
La crisis carcelaria, es estructural, tiene que ver con la decadencia del capitalismo, algunos datos muestran lo que sucede con el sistema de rehabilitación social y las cárceles en el país: La capacidad del sistema carcelario es para 28 mil personas privadas de la libertad, pero están cerca de 40 mil detenidos en esas cárceles. En relación a los detenidos, encontramos que el 45% de PPL tienen menos de 30 años de edad, el 31% tiene menos de 40 años, esto significa que la juventud paga los platos rotos de la pobreza, son los más vulnerables.
A esto sumemos que el 47% sólo culminó la educación primaria, el 3% son universitarios. El 40% de PPL no tienen sentencia. El gobierno para “resolver” la crisis carcelaria, trabaja en la línea de contar con la presencia de los militares en las cárceles, para legitimar el uso de la violencia. El gobierno debe priorizar el gasto en el área social, así que se cumpla la Constitución y se invierta en educación y salud. Generar empleo y la reactivación del aparato productivo popular. Constitución de una verdadera política de rehabilitación social a través de la creación de Unidades Productivas de Rehabilitación Social, a través de una alianza tripartita en la que los GAD que son los dueños de las tierras, el gobierno entregando el presupuesto y el sistema carcelario, a fin de crear mini PYMES, con la participación de los PPL de baja peligrosidad. Se conformen inicialmente 30 Unidades Productivas de Rehabilitación Social con 500 trabajadores, que permita producir productos para el mercado interno y para la exportación. Con los recursos que se obtengan, se puede financiar el sistema carcelario, con ello habrá un alivio al presupuesto. Se debe invertir en la rehabilitación de los presos y sus familias, para poder resolver la ruptura económica que se produce. Cubrir el déficit del sistema penitenciario, la depuración del sistema judicial, tomando en cuenta que hay una penetración del crimen organizado en esas instancias. No al populismo penal, tal como lo pregona históricamente la derecha reaccionaria.