Aumento de tarifas en el transporte público y privatización de vías

Por Isabel Vargas Torres

El pasado sábado 1 de junio, los usuarios del transporte público de la compañía “Transporte Corredor Periférico Av. Simón Bolívar” (TRANSPERIFÉRICOS S.A.), que cubre la ruta Carapungo = Quitumbe, en la ciudad de Quito, se sorprendieron al ver que las tarifas del servicio habían aumentado. Esta elevación, autorizada por el Ing. Alex Daniel Pérez, secretario de movilidad del Municipio de Quito, representa un incremento de hasta el 40% en su valor. Sin embargo, este aumento fue rechazado por los usuarios, especialmente quienes habitan en Calderón, la parroquia rural más grande de la capital.

La flota de transportes de esta cooperativa no ha sido renovada, lo que genera preocupación, al igual que el mal trato por parte de conductores y ayudantes. Los ediles son rápidos en aprobar este aumento de la tarifa en los buses que diariamente transitan por la ruta del “terror y la muerte”. Los pasajeros que utilizan este transporte viajan nerviosos, ya que la ruta presenta alta siniestralidad. En el año 2023, hubo 40 muertos y 243 heridos en accidentes relacionados con esta ruta. En los dos meses del 2024, ya se han registrado 40 siniestros, lo que indica un aumento significativo. Además, la delincuencia dentro y fuera de las unidades de transporte es un problema, ya que esta ruta carece de un sistema de vigilancia permanente por parte de la policía, tanto presencial como mediante la instalación de cámaras. Además, los botones de pánico en las unidades no funcionan correctamente.

Pabel Muñoz, alcalde de Quito, al estilo neoliberal de Daniel Noboa, apunta a que esta vía sea concesionada a empresas privadas. Esto podría elevar los costos para quienes transitan diariamente, mientras ellos gastan los recursos de la población en publicidad.

La elevación de precios afecta a los sectores populares, que continúan empobreciéndose. El poder adquisitivo de sus ingresos se ve afectado, y estas son las consecuencias de un modelo económico que responde a los acuerdos con el FMI, como el alza del IVA y la eliminación de subsidios y a beneficiar a las grandes empresas que no pagan los impuestos al SRI.

Desde las organizaciones sociales, exigimos el pago de la deuda social mediante una propuesta alternativa de izquierda con Jorge Escala a la presidencia.