Por Alonzo Cueva
La madrugada del pasado 4 de julio, la naturaleza descargó su fuerza sobre la parroquia Guadalupe. Un desprendimiento masivo en la cima de la cordillera provocó un aluvión devastador que golpeó con dureza a Santa Isabel y Cantzama. Más allá de la crudeza del temporal, lo que llama profundamente a la reflexión es la inmediata reacción gubernamental de encasillar esta catástrofe estrictamente geológica como una consecuencia de la actividad minera. Más que un error de apreciación técnica, este empeño discursivo parece responder a una calculada estrategia política.
Es necesario analizar el escenario regional con total objetividad para no caer en sesgos comunes. Nadie desconoce que, en sectores como Chamico, Nambija Bajo, las comunidades adyacentes a las cuencas de los ríos Zamora, Nangaritza, y algunas ubicadas en las márgenes del mismo río Yacuambi donde las inundaciones recurrentes guardan una relación directa con la minería aluvial y la falta de una planificación y regularización integral en el territorio. Sin embargo, el caso de Cantzama es radicalmente distinto. En esta zona no se realiza actividad minera; y este blindaje ambiental no obedece a un control estatal, sino a la firme y pacífica postura del pueblo guadalupano, que históricamente ha protegido este espacio como un santuario turístico de aguas cristalinas.
¿Por qué entonces el discurso oficial insiste en agitar el fantasma de la minería en un territorio libre de ella? La respuesta de fondo devela una doble intención política que busca evadir realidades complejas. Por un lado, culpar de forma generalizada a la minería funciona como la coartada perfecta para legitimar operativos de persecución y criminalización en contra de un sector que, lejos de ser el enemigo, ha sido el motor histórico que dinamiza la economía formal y popular de Zamora Chinchipe. Por el otro, esta narrativa busca blindar al centralismo de la fiscalización pública, construyendo un pretexto ideal para desviar la atención sobre las tareas pendientes en gestión de riesgos en laderas altas y sistemas de alerta temprana.
Adoptar una postura de confrontación total o de oposición ciega frente al Estado no soluciona los problemas estructurales de la provincia. Las autoridades tienen la responsabilidad técnica de investigar integralmente el territorio, pero no pueden utilizar el lodo y el dolor de una tragedia natural como una herramienta de castigo político o estigmatización gremial. Inventar causas mineras donde no existen solo para justificar agendas de control trunca los caminos hacia la regularización formal que miles de familias mineras legítimamente reclaman para trabajar en orden.
Los hechos en Cantzama son claros y los testimonios locales coinciden en que el desastre se originó por el colapso climático de la parte alta. El pueblo de Guadalupe merece respeto a su memoria organizativa y una reconstrucción real de sus comunidades. Asimismo, el sector minero de la provincia merece un debate serio, técnico y alejado de manipulaciones mediáticas que pretendan culparlo de la furia de la naturaleza para justificar su persecución. La reactivación y la seguridad de nuestra provincia no se construyen fabricando pretextos, sino afrontando la realidad del territorio con verdad y madurez política.