Por Mariano Santos N.
Singue, es uno de los varios campos denominados Marginales (ahora denominados MENORES) que como su nombre lo indica, tienen pocas reservas y, por ende una poca producción de crudo (no sobrepasan los 5 000 barriles diarios, es decir, el 1% de la producción nacional).
El contrato fue suscrito el 30 abril de 2012 entre el Estado ecuatoriano y el Consorcio DGC, integrado por las empresas DYGOIL y Gente Oil Ecuador y por el Ministro de Energía de ese entonces Wilson Pastor, a 20 años.
La Fiscalía, a la cual se ha sumado la Procuraduría, acusa por el delito de peculado a Jorge Glas, Wilson Pastor, Carlos Pareja Yannuzzelli y 12 personas más, en un perjuicio al País de algo más de 28 millones de dólares.
Según la Contraloría, nunca debió fijarse la tarifa de $33,50 por barril, sino que la misma debió haber sido de $32,45 por barril, es decir $1,05 por barril menos, que sería el perjuicio para el País.
Veamos algunas cositas…
Desde el inicio de su gestión, Rafael Correa se rodeó de dos importantísimos personajes, EXPERTOS petroleros, concretamente: Carlos Pareja Yanuzelli, en las áreas de refinación, derivados y, Wilson Pastor, en exploración y producción petrolera; ambos con una dilatada campaña en el sector público, pero con un denominador común, haber ocupado altos puestos del sector petrolero en los gobiernos de la “partidocracia”, Pareja desde el gobierno de Febres Cordero y Pastor, desde Jaime Roldós. Pero hay otras coincidencias, por ejemplo: el hecho de que Pareja recién se graduó como ingeniero químico en 1.999; la pregunta es: antes de 1.999 ¿firmaba como ingeniero?, seguro que sí; Pastor, que estudió petróleos en la entonces escuela de Geología, Minas y Petróleos de la Universidad Central, nunca se graduó, más aún, colegas de la hoy Facultad de Geología…certifican que ¡ni siquiera egresó!; tampoco se conoce en qué universidad ecuatoriana estudió economía y Pastor, como funcionario público firmaba a veces como ingeniero, en otras como economista. De repente, aparece con un título de cuarto nivel de una universidad francesa…pero el de tercer nivel ¿dónde lo obtuvo?, tema éste ya denunciado, pero NUNCA investigado.
Si Pareja fue el “cerebro” de los negocios en las refinerías, de Esmeraldas, del Pacífico, los poliductos y quién sabe qué más, Pastor fue el encargado, entre otras cosas, de las denominadas Rondas licitatorias para la exploración y explotación petrolera, que no eran otra cosa que la feria-subasta de nuestros recursos petroleros, rondas éstas que ya las dirigió antes, comenzando con la que se dio en el gobierno de Osvaldo Hurtado, y así sucesivamente hasta llegar a la Décima ronda, en pleno gobierno de Correa. Igualmente es el artífice-inventor de los anteriores contratos denominados de Participación (de los que Correa se quejaba, por que entregaban, en promedio, el 80% del crudo a las transnacionales) y, de los actuales de Prestación de servicios que permitió la privatización de la extracción en la gran mayoría de campos petroleros.
Ambos, Pareja y Pastor, eran coordinados por Jorge Glass, quien a su vez rendía cuentas al Capo. Esto se puede entrever de los cuadernos y declaraciones de Pamela Martínez y Laura Terán quienes explican hasta la saciedad como se conformaba la pirámide del poder.
En los círculos petroleros, siempre fue muy conocida la vinculación estrecha de Pastor con Dygoil, la beneficiaria de este contrato (en el consorcio DGC), empresa que trajo a las petroleras chinas al Ecuador y en donde Pastor fue alto ejecutivo, pues fue gerente de CNPC(Compañía Nacional de Petróleos de China) entre 2001 y 2007, empresa que tuvo como socia precisamente a la compañía Dygoil tema que también debe ser investigado y, en donde dejó ubicado a un sobrino de nombre Santiago ( en la china Andes Petroleum), según el portal Ecuador Inmediato.
Para remate, la empresa Gente Oil fue beneficiada con la firma del contrato apenas dos días después de inscrita en el Registro de Hidrocarburos; es decir, todo el proceso desde la presentación de la oferta, la calificación por parte del Comité de Licitación, la adjudicación, hasta la autorización para la firma, se realizó sin que la referida compañía extranjera haya estado registrada en el ministerio de hidrocarburos.
Según la Superintendencia de Compañías aparecen como apoderados Carlos Espinoza Sánchez y, ¡qué casualidad!, la hija del propio Pastor, Silvana Pastor Tapia.
Como se puede ver, Pastor si trabajó también en el sector privado a diferencia de Pareja; así entonces, no solo que estuvo con los chinos sino que en el período 1 996-98, fue Gerente General de la transnacional TRITON ENERGY ECUADOR, compañía – ¡que otra coincidencia! – ganó una de las concesiones petroleras en la séptima ronda, dirigida por él, cuando era alto funcionario público. Pero, Pastor también ocupó la gerencia financiera de la transnacional Texaco (hoy Chevron), entre 1.988 y 1.990, compañía sentenciada en el Ecuador, por los daños gigantescos ocasionados en nuestra región amazónica.
Siendo alto ejecutivo de las petroleras chinas Pastor negoció con el Estado esos contratos lesivos, para el País, otro tema que también debe investigarse. Es decir, Pastor negociaba a veces a nombre del Ecuador (si era alto funcionario público) y en otras, a nombre de las transnacionales (cuando no era funcionario público). ¿Para quién mismo trabajaba Pastor?…
El ingenuo de Correa ¿no sabía?, el otro ingenuo, Glas, ¿jamás se dio cuenta?, ¿no conocían sus antecedentes en la partidocracia?, ¿Tampoco conocían de antecedentes parecidos de Carlos Pareja?
Analicemos la denuncia de la Contraloría. ¿Cómo es posible que ésta reclame solamente $1, 05 por barril cuando en realidad el perjuicio es mucho mayor? Esto se parece a lo de las inculpaciones a Glas, quien está en la cárcel por un delito menor y a lo mejor a inicios del próximo año ya salga de la misma, cuando debió imputársele DELITOS mayores claramente demostrados como peculado, lavado etc.
Ya en el pasado, con gobiernos anteriores y con Correa, estos «campitos» han servido, en efecto, como cuotas políticas para los aportantes en las campañas electorales y, así «gratificarles» con estos regalitos por su colaboración, que representan centenares de millones de dólares.
En la estatal petrolera, expresamente se descuida o se abandona su explotación, se los deja en las peores condiciones posible, para entonces justificar su entrega, en condiciones desfavorables para el País. Como se evidencia del accionar de Pastor y otros ejemplos que demuestran que las transnacionales han tenido una injerencia importantísima en la petrolera estatal, que a través de estos “intermediarios” toman las decisiones. Entonces, los «inversionistas» nacionales llámese APORTANTES, hacen su agosto, pues sin mayor esfuerzo obtienen enormes ganancias, como parte de la corrupción generalizada en que se debate nuestro país.
Quien escribe estas líneas escribía en un artículo anterior [1], que ese sobreprecio de $1,05 era demasiado pequeño y los días me han dado la razón, para lo cual podemos hacer dos ejercicios aritméticos muy simples para demostrar mi aseveración.
Si comparamos la PEOR, la más cara, de las tarifas ofertadas para la licitación de otros campos menores, concurso cuyas ofertas fueron conocidas el 20 de septiembre de 2017, que es de $20 por barril, ésta tiene una diferencia de $13,50 con la tarifa de Singue en esa licitación, las tarifas, las ofertas fueron de un mínimo de USD 11 por barril y un máximo de USD 20 por barril».
Entonces, la diferencia es tremenda, entre los $32,45 que dice el Contralor y, los $20 ofertados en el concurso en mención; el perjuicio sería 1 300% superior al señalado por el Contralor..
Hagamos ahora un segundo ejercicio. según la misma Contraloría, el costo de producción de Singue, para el 2011 no superaba los $8 ($7,68 exactamente es el dato de la Contraloría, que para facilitar el cálculo lo redondeamos en $ 8), el barril, ..; si a ese costo de producción le sumamos una utilidad razonable, digamos por ejemplo unos $5 por barril(que es una buena utilidad para cualquier petrolera), 8 + 5 = $13/barril es lo que de debió haber sido la tarifa para Singue.. Entonces, el perjuicio con respecto a lo señalado por el Contralor ya llegaría al 2000%
La tarifa es lo que paga el Estado a las petroleras, por cada barril extraído, en los denominados contratos de Prestación de servicios. La tarifa es la suma de 2 componentes: el costo de producción de la petrolera más una utilidad razonable.
Entonces ¿cómo puede decir el Contralor Celi que el perjuicio es de solamente $1,05 por barril?, cuando con la realidad de la licitación del 2017 podemos darnos cuenta que el perjuicio, para este caso, sería de por lo menos 13 veces más de lo indicado por el Contralor, es decir un 1300% más o, 2.000%(20 veces más) si validamos los datos del propio Contralor sobre el costo de producción de Singue.
Pero, aquí hay otra gran “coincidencia”: Los contratos de los campos marginales, según declaraba el mismo Wilson Pastor, tienen ganancias gigantescas. Diario El Comercio del 22 de julio de 2010[2] reseñaba…»El funcionario manifestó que esto es «una barbaridad» ya que las empresas que manejan esos campos tienen UTILIDADES anuales que llegan hasta el 1500%», ¡Tremenda Lotería! ¡lo dice el mismo Pastor!
Una utilidad de ¡1.500%!, sí, MIL QUINIENTOS POR CIENTO, más lucrativo que el mismísimo negocio de la droga, valor cercano al de 1300%, o, 2.000% que mencionábamos.
Pero, ahora Pastor dice que la pobrecita compañía petrolera con esa generosa tarifa, está perdiendo y que ni siquiera ha cubierto sus costos, no contenta con esta pequeña acción legal que le está imputando la fiscalía, amenaza ya haber interpuesto ante la Corte Internacional de la Haya (aunque la Procuraduría dice que el arbitraje sería en Chile) una demanda para que le den una jugosa indemnización, que sería ¡la YAPA!
Con base a una denuncia presentada por el exlegislador y perseguido hasta más no poder, Cléver Jiménez, el año 2011, la Fiscalía dispuso a la unidad especializada, el inicio de una investigación respecto a posibles irregularidades en la modificación de los contratos y en el establecimiento de una tarifa fija. Un informe interno de la Unidad de Investigaciones de la Fiscalía, recomendó al Fiscal de ese entonces, Galo Chiriboga, el inicio de una indagación previa por el presunto delito de peculado, en contra de varios funcionarios del sector, en particular: Jorge Glas Espinel, los ex Ministros Wilson Pastor, Carlos Pareja, Marco Calvopiña, y otros funcionarios de menor rango. Entre las causas centrales se acusaba de haber fijado una tarifa muy superior a la registrada por la empresa pública Petroecuador. ¡Qué coincidencia!, los mismos que, están encarcelados salvo uno.
Han transcurrido más de ocho años de emitido ese informe y ninguna autoridad de la Fiscalía ha iniciado la indagación previa solicitada por la Unidad de Investigaciones: ¡Esto es lo que debe investigar la fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría!, en donde podríamos descubrir la punta del hilo del ovillo de la corrupción y, encontrar entonces los gigantescos perjuicios al país que no son solamente de estos «pocos» 28 millones sino de miles de millones de dólares. Es por aquí donde deben apuntar los organismos competentes señalados.
Justamente, entre mediados y fines del 2017 se rebajaron algunas tarifas. Así, aquellas que el Estado pagaba en los contratos de los campos Shushufindi y Libertador. Para el primer caso hubo un acuerdo para rebajar algo más de $10 (de $29,85 a $19,50) y, para el segundo, $13,04 (de $38,54 a $25,50). ¿Quién pagará el perjuicio?
En un artículo anterior tres, quien suscribe estas líneas demostraba que el verdadero desfalco al país está en los costos de producción.
Los contratos de Prestación de servicios tienen una estrecha relación entre los costos de producción y las tarifas, en donde el Estado paga una tarifa a las petroleras. La tarifa, como ya lo dijimos antes, no es sino la suma de 2 parámetros: el del costo de producción más la utilidad razonable. Si la exageración del costo de producción, por ende, de la tarifa, es de 1 dólar por barril, como es el caso no verdadero de Singue (por lo que acabamos de analizar), la pérdida para el país es de US$200 millones, pues el País extrae anualmente 200 millones de barriles de petróleo.
Pero, si la exageración del costo, por ende, de la tarifa, es de $10,0, valor que sin embargo es conservador, el Estado ya no pierde 200 sino US$2000 millones anuales, lo cual no es descabellado, si nos remitimos a los casos de Singue (valor verdadero), Shushufindi y Libertador.
Ahora, ¿cuánto petróleo ha explotado el Ecuador, desde el 2010, año en que se suscribieron estos contratos de Prestación?: son alrededor de 1 400 millones de barriles hasta mediados del 2018.
¡Entonces el perjuicio al Ecuador tiene dimensiones verdaderamente GIGANTESCAS, pues al multiplicar los 1 400 millones de barriles por el sobreprecio de los costos, que asumimos conservadoramente en $10, llegamos a la cifra demencial de, USD$14 000 millones!!
¡Esto es lo que debe investigar la Contraloría, la fiscalía! ¿Investigar la década GANADA por los ASALTANTES, ¿POR alí, baba y los 35 o 35o? en los ¡DELITOS MAYORES!
Notas.
[1]. el campo Singue y las acusaciones de peculado a Glas. Mariano Santos.
[2]. Pastor rechazó informe de segundo debate de reforma de Ley de Hidrocarburos. El Comercio, 22 de julio de 2010
[3]- EXTRACCIÓN PETROLERA: multimillonario perjuicio en los costos de producción. Mariano Santos, 15 marzo 2018.