Por Francisco Escandón Guevara
El traslado, a otras cárceles, de cabecillas de los grupos delincuenciales originó la última ola de violencia en el país. Los coches bomba, asesinatos, secuestros, fuga de reos y otros delitos no tiene precedentes; el pánico y la zozobra, reflejo de esas acciones terroristas, se propagaron en el pueblo ecuatoriano.
Inicialmente el presidente Noboa replicó el recetario de sus antecesores Moreno y Lasso. La declaratoria del Estado de excepción para conseguir el control de los reclusorios y lograr la seguridad ciudadana fue desafiada por las mafias a través de varias actividades delictivas, en diversas ciudades del país, que rebasaron la capacidad predictiva y de respuesta del gobierno. La duda alrededor de la eficacia e incluso sobre la existencia del plan Fénix se generalizó.
El desbordamiento de la violencia, al punto de transmitirse en vivo el secuestro de trabajadores de un medio de comunicación, dio origen al decreto que reconoce la existencia de un conflicto armado interno y dispone la movilización e intervención de policía y fuerzas armadas en todo el territorio nacional. Ese decreto entrega a veintidós grupos criminales un estatus de organización política, de combatientes, distinta a la de delincuentes comunes.
Ese reconocimiento ni siquiera lo obtuvieron los grupos guerrilleros en Colombia. La derecha uribista en ese país, consciente de dicha trascendencia, siempre los caracterizó como fuerzas irregulares para eludir el derecho internacional humanitario, así como en el derecho penal internacional, que activa procesos de amnistía a los beligerantes y juicios de crímenes de guerra ante los abusos que pueden cometer las fuerzas militares estatales. El gobierno confunde peras con manzanas.
Noboa debe superar la mimetización de Batman en ciudad Gótica para con liderazgo garantizar la vida y la seguridad de los ecuatorianos. Urge declarar la emergencia en la seguridad: garantizar la plata suficiente para la movilización y el equipamiento de la fuerza pública, fortalecer el sistema de inteligencia, depurar a los malos jueces, guías penitenciarios, policías y militares que están coludidos con las mafias.
Esas medidas son necesarias, pero insuficientes. Si el régimen apunta a atacar las consecuencias de la violencia y no las causas, cualquier decreto o política pública no resolverá esencialmente el problema. Son miles de personas presas del narcotráfico en condición de consumidores, asalariados o víctimas; las soluciones deben ser estructurales e integrales.
La instalación de la retórica de guerra desde el poder proyecta el riesgo de la expansión indiscriminada de la autoridad, solo una finísima línea le aleja de las prácticas dictatoriales. Hay pescadores a río revuelto que buscan aprovechar de este triste momento para sumar a las iniciales preguntas de la consulta popular unas nuevas que allanen el camino del neoliberalismo (privatizaciones, precarización laboral, desregularización económica, etc.).