Por Jaime Chuchuca Serrano
Mi respuesta corta a la Consulta Popular es votar No. La pregunta 1, sobre la extradición, ampliamente publicitada, para extraditar a los correístas corruptos. Está totalmente lejos de eso. El anexo 1 se refiere al “tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas, blanqueo”, pero no a los actos de corrupción, ni peculado. Y la extradición es de Ecuador al extranjero, la mayoría de correístas procesados están en otros países. Ni siquiera la propaganda del gobierno es cierta. La pregunta 2, sobre la Fiscalía, es de objetivos inmediatistas. La actual Fiscal, cercana al gobierno, dirigiría con su normativa hasta el fin del período de Lasso; y se declararían desiertos todos los concursos convocados hasta ahora, pudiendo ser cooptados por sus fuerzas.
La pregunta 3, sobre la reducción de Asambleístas, se ha vendido como aquella que reducirá el gasto público. El gran gasto del Estado está en actos de corrupción, no en el número de funcionarios. ¿Se acuerdan de los más de 800 millones rifados en el ISSPOL o del caso gran padrino en el sector eléctrico con 846 millones de pérdidas?, estos casos vienen de funcionarios nombrados directa o indirectamente por el ejecutivo. Supongamos que usted dirige un equipo de fútbol y tiene 11 (22) pésimos jugadores, ¿se le ocurriría enviar a jugar solo a 5? Pues, no. El problema real es que la mayoría de Asambleístas no están a la altura, no tienen preparación y sus programas no están con los intereses del pueblo. La pregunta 4, exige a los movimientos políticos el 1,5% de afiliación electoral y auditoría. En realidad, las últimas reformas ya disponen esto en el Código de la Democracia; si algo falta se podría hacer vía Asamblea.
Las preguntas 5 y 6, sobre el CPCCS, regresa a que el Legislativo tome la decisión de la designación de 77 autoridades y los miembros del Consejo de Participación. Esto supone, que las mayorías móviles se disputen a dentelladas los puestos. En el fondo, es ampliar el botín político legislativo. La pregunta 7, sobre las áreas de protección hídrica, es otra tomadura de pelo. Primero porque la Constitución ya protege el agua como un derecho humano y la ley orgánica es la que tiene varias incongruencias; segundo, porque el anexo da posibilidad a que el Ministerio de Ambiente, es decir, el presidente prominero ordene las disputas mineras. La pregunta 8, sobre la compensación ambiental, se podría hacer vía decreto e inclusión en el presupuesto general del Estado; no se requiere de Consulta Popular, sino de voluntad política y dinero.
Todas las preguntas apuntan a mayor concentración del poder en la presidencia de Lasso y del botín político en la Asamblea. En definitiva, la consulta no resuelve los graves problemas corrupción, delincuencia, narcotráfico, pobreza y desempleo del país. El régimen actual no está bien, pero el que propone Lasso, tampoco.