Por Andrés Quishpe
Presidente de la UNE
A propósito del avance del año lectivo 2026-2027 en el régimen Sierra-Amazonía, vale reflexionar sobre algo que ocurre con especial intensidad durante estas primeras semanas, aunque dicha realidad nos acompaña durante los 200 días que dura el año lectivo en todas las provincias del país.
A los docentes se nos exige planificar, diagnosticar, identificar necesidades educativas, conocer la realidad socioemocional de nuestros estudiantes, elaborar instrumentos, llenar fichas, matrices, registros e informes y cumplir una creciente cantidad de requerimientos administrativos. Mientras debemos observar, acompañar e identificar las necesidades de nuestros estudiantes, pocas veces la autoridad educativa se detiene a preguntar algo elemental: ¿cómo está el docente que debe hacerse cargo de todo aquello?
Y no es una pregunta menor. La acumulación de tareas pedagógicas y administrativas se ha convertido en una importante fuente de sobrecarga laboral, especialmente cuando el tiempo destinado a llenar documentos, matrices, plataformas e informes termina desplazando el tiempo para aprender y enseñar, preparar una buena clase, acompañar a los estudiantes e incluso descansar.
Paradójicamente, se nos exige identificar oportunamente los problemas socioemocionales de nuestros estudiantes —y está bien que así sea—, pero muchas veces nadie identifica el agotamiento emocional de quien está frente al aula.
Los maestros y maestras también podemos atravesar depresión, ansiedad, estrés, TDAH u otras condiciones relacionadas con nuestra salud. ¿Por qué? Por una razón sencilla: antes que funcionarios, profesionales o trabajadores, somos seres humanos.
Sin embargo, dentro del sistema educativo existe una contradicción que merece ser discutida. Nos hemos acostumbrado a hablar de salud mental pensando principalmente en los estudiantes, mientras pocas veces preguntamos: ¿quién cuida la salud mental de quienes enseñan?
La evidencia en Ecuador demuestra que no estamos hablando de un problema imaginario.
Una investigación publicada en 2025 sobre docentes universitarios de tres universidades ecuatorianas encontró relaciones estadísticamente significativas entre depresión, ansiedad, estrés y síndrome de burnout. El estudio determinó, además, una fuerte relación entre estrés y ansiedad (0,728) y entre ansiedad y burnout (0,725). Los autores concluyen que la combinación de depresión, ansiedad y estrés influye significativamente en el desarrollo del agotamiento profesional.
Pero existe un dato que debería encender las alarmas: en septiembre de 2025, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte reconoció que los docentes fiscales destinaban 27 horas y 47 minutos semanales a actividades adicionales a la enseñanza. La propia estrategia gubernamental “Tiempo para Ser Docente” planteó reducir aproximadamente siete horas de esas actividades que generan sobrecarga a miles de profesores.
Es decir, el propio Estado reconoce que existe una sobrecarga que resta tiempo a una tarea fundamental del profesor: enseñar y aprender.
Entonces debemos hacernos una pregunta incómoda:
¿Por qué, cuando un estudiante presenta cambios emocionales o conductuales, pensamos inmediatamente en acompañamiento psicológico, pero cuando un docente está agotado, ansioso, deprimido o emocionalmente desbordado, muchas veces pensamos primero en cuestionarlo, sancionarlo o exigirle que continúe funcionando como si nada ocurriera?
También preocupa que la atención dentro de las instituciones educativas se concentre principalmente en identificar las necesidades socioemocionales de niños y adolescentes —y está bien que así sea—. Sin embargo, la salud mental de docentes, autoridades y demás trabajadores de la comunidad educativa permanece muchas veces invisibilizada.
La jerarquía tampoco debería invisibilizar los problemas de salud mental. Un docente puede necesitar atención psicológica o psiquiátrica. Un inspector puede necesitarla. Un rector puede necesitarla. Un director distrital puede necesitarla. Buscar ayuda profesional no disminuye la capacidad, la autoridad ni la dignidad de ninguna persona.
No todo se resuelve diciéndole al maestro o maestra que debe aprender a “manejar el estrés”. También debemos preguntarnos qué condiciones del contexto educativo están produciendo ese estrés: sobrecarga administrativa, exceso de evidencias, presión institucional, falta de tiempo, múltiples plataformas, responsabilidades adicionales y una burocracia que, con demasiada frecuencia, termina ocupando el espacio que debería pertenecer a la pedagogía.
No podemos pretender construir escuelas emocionalmente saludables para nuestros estudiantes mientras normalizamos el agotamiento y el sufrimiento psicológico de quienes trabajan en ellas.
La salud mental no puede convertirse en un instrumento para etiquetar, desacreditar o sancionar al docente. Debe abordarse desde la prevención, la confidencialidad, el acompañamiento profesional, condiciones laborales dignas y políticas institucionales que reduzcan los factores de riesgo psicosocial.
Cuidar a quien enseña también es cuidar a quien aprende.
La salud mental docente no debería seguir siendo un asunto privado que cada maestro o maestra resuelve en silencio. También es una cuestión de política educativa, condiciones de trabajo y derechos laborales.
Es momento de luchar por la presencia y el fortalecimiento de profesionales de salud ocupacional para los trabajadores de la educación y exigir al Estado una mayor intervención de las autoridades laborales en la prevención y vigilancia de los riesgos psicosociales dentro de las instituciones educativas.