Por Annabell Guerrero Pita
Defender la vida en el Ecuador se ha convertido en una actividad de alto riesgo. El presidente de la República, Guilermo Lasso —con sus desacertadas declaraciones—, ha provocado una suerte de linchamiento en contra de quienes se dedican a defender derechos en el país; y, lejos de implementar una política nacional para su protección —dado el alto número de atentados y crímenes en su contra— los pone en mayor riesgo por medio del ataque mediático.
Estas arengas presidenciales en contra de defensores y defensoras de derechos, constituyen una táctica utilizada —en términos generales— por gobiernos desgastados y con baja aceptación popular; con el ánimo de desviar la atención ciudadana de los problemas centrales; ello desacredita el trabajo de activistas y organizaciones que, con su labor, visibilizan las injusticias sociales; circunstancia no conveniente para el régimen de turno.
La falta de atención a la situación de seguridad pública por parte del gobierno del presidente Lasso, es uno de los ámbitos que más reclama la ciudadanía; sin embargo, la administración en ciernes no ha adoptado acciones efectivas para controlar los altos índices de criminalidad que afronta el país. Lamentablemente, lejos de asumir su responsabilidad frente a esta escalada de violencia, se ha dedicado a menoscabar la labor que desempeñan las y los defensores de derechos humanos. Así también, el gobierno ha demostrado incapacidad para atender las áreas de desarrollo social; un ejemplo de ello se atisba en la escasa ejecución presupuestaria al interior de las diferentes carteras del Estado; lo que se traduce en falta de políticas públicas que garanticen derechos como: salud, educación, servicios básicos; entre otros.
En el Ecuador se vulneran los derechos humanos relacionados con el derecho a la vida, a la resistencia, a una vida digna y libre de violencias, a la educación, a la salud, al acceso a la justicia; por citar algunos de ellos. El Estado ecuatoriano —y quienes están al frente de sus instituciones rectoras— no solo que carecen de voluntad política para poner fin a estas vulneraciones, sino que, además, las propician.
El año que transcurre ha representado para niñas, adolescentes y mujeres del Ecuador, uno de los más violentos; hasta el 15 de noviembre se perpetraron 272 femicidios[1], de los cuales, 8 fueron transfemicidios. Los índices de violencia siguen incrementándose, causando perjuicios en la salud, dignidad, seguridad y autonomía de las mujeres en el país.
El limitado acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia es todavía un obstáculo para alcanzar justicia, verdad y reparación. El trabajo para la prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres requiere de una respuesta multisectorial, en virtud de que las desigualdades se generan en diversas dimensiones: el hogar, el ámbito laboral, los estudios. Dolorosamente, la Secretaría de Derechos Humanos —ente rector del Sistema Nacional de Erradicación de la Violencia— no está cumpliendo su labor de prevenirla; desde el Ejecutivo no se entrega el presupuesto necesario.
En este contexto de desidia institucional y abierta impunidad, se produjo en el mes de septiembre del año en curso el violento femicidio en contra de la abogada María Belén Bernal Otavalo, que conmocionó al país dadas las circunstancias en que fue cometido: en las instalaciones de una institución, bajo gestión y control del Ministerio del Interior; su presunto victimario, un teniente de la Policía Nacional que habría actuado con la ayuda de otros agentes estatales; ello develó elementos institucionales que se aplican en este tipo de casos, como son: el encubrimiento y la complicidad. En la desaparición y posterior femicidio de Maria Belén Bernal —sin lugar a dudas— existe responsabilidad del Estado ecuatoriano.
En el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, este año se asestó un duro golpe en cuanto al derecho a la interrupción del embarazo por violación; ya que, durante el proceso de construcción de esta norma, primaron criterios y argumentos alejados de los parámetros establecidos por la propia Corte Constitucional del Ecuador, en su sentencia No. 34-19-IN/21 de 28 de abril de 2021; y, de la Organización Mundial de la Salud. Finalmente, el presidente de la República —a través de una objeción parcial en la que primó su criterio personal— impuso limitaciones y barreras en cuanto a los requisitos para el acceso a este derecho, lo que infiere un abuso de su rol de colegislador. El Ejecutivo incluyó artículos que convierten a la Ley en cita en un arma de doble filo para niñas, adolescentes y mujeres; en todas sus diversidades.
En días recientes, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, conformada por quince organizaciones, hizo público su informe sobre la situación del país en esta materia; referida al primer año de gobierno del presidente Lasso, los resultados son muy claros respecto de los abusos de este régimen y las vulneraciones de derechos de la población ecuatoriana.
El informe de la Alianza[2] señala que durante las manifestaciones de junio de 2022, se evidenciaron vulneraciones relacionadas —principalmente— con el derecho a la protesta, a través del uso abusivo y desproporcionado de la fuerza; así como también, la falta de respuesta frente a las causas que originaron el reclamo popular: la pobreza y pobreza extrema, la falta de empleo, desabastecimiento de medicamentos, acceso a la educación, inseguridad; entre otros.
Entre varias de las conclusiones de este importante informe se encuentran: que durante las manifestaciones suscitadas en junio de 2022: se estigmatizó a los líderes y lideresas que convocaron al Paro; se abusó de la figura del estado de excepción; el uso indiscriminado de gases lacrimógenos, bombas aturdidoras, balas de goma, perdigones, por parte de agentes policiales y militares para dispersar las manifestaciones; además de que estas acciones represivas se ejercieron en lugares donde se encontraban niños, niñas, adultas y adultos mayores y mujeres embarazadas; se registraron alrededor de 199 detenciones en contra de personas que ejercían de forma legítima su derecho a la resistencia.
Así también, se produjo todo un proceso de estigmatización y criminalización contra Defensoras/es de derechos humanos, a través de discursos que buscaban deslegitimarlos, por tanto, no existen garantías para la labor que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos en contextos de protestas.
Cabe señalar que la situación de derechos humanos en Ecuador está siendo analizada por el mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, instancia ante la cual han acudido diversas organizaciones del país que han recogido lo acontecido en el país, en el ámbito de violaciones de derechos; terreno en el que han presentado información clave.
Para concluir, desde la consideración sobre la importancia de su trabajo y de su lucha, quiero rendir un sentido homenaje a quienes dedican su vida a la defensa de la vida y las libertades en el Ecuador. La sociedad tiene la obligación de cerrar filas a su favor, sin su labor, las sistemáticas violaciones de derechos que se producen en nuestro país quedarían impunes; no llegarían al escrutinio público.
[1] Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo – Aldea.
[2] Situacion-de-DDHH-en-el-primer-ano-del-gobierno-de-Lasso-y-del-Paro-Nacional-2022.pdf