Por Jaime Chuchuca Serrano
Se denominó Feriado Bancario a la crisis financiera de 1999. El 8 de marzo de ese año, el presidente Jamil Mahuad congeló los depósitos de la ciudadanía durante doce meses para supuestamente evitar la quiebra masiva de los bancos, aunque casi dos decenas de entidades quebraron. La liberalización financiera causó la quiebra de los bancos y la fuga de capitales. Muchos bancos quebrados se fusionaron con entidades de buenos indicadores, lo que produjo contaminación y caída en dominó. Asumir los activos y pasivos de otras instituciones financieras conlleva absorber también carteras incobrables. La famosa Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) se creó para controlar la devolución de los dineros; algunas personas murieron sin recuperar nunca sus ahorros.
En este sentido, hay un déjà vu con la Resolución JPRFM-2026-015-F de la Junta Política de Regulación Financiera y Monetaria, que es un atentado contra la seguridad jurídica de los depositantes. Esta resolución ubica el Seguro de la COSEDE en última instancia. Este seguro es un mecanismo que protege el dinero de los ahorristas de bancos y cooperativas hasta por 32 mil dólares. Ahora, con la resolución se pretende, primero, que se transfieran los activos y pasivos a otra entidad financiera “sana”; lo que supone un nuevo trámite engorroso. Segundo, solo si no existe una institución que se haga cargo, entra el seguro como último recurso para hacerse cargo de los depósitos. La resolución por sí sola crea pánico financiero. En estas circunstancias, el COSEDE debe transparentar su liquidez.
Algunos funcionarios dicen que quieren imitar a Estados Unidos. Sin embargo, no se puede comparar la capacidad financiera estadounidense, que además posee la máquina de imprimir dólares. En EE. UU. se hace la transferencia a otro banco sano, y solo al no encontrar comprador, la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) paga directamente. A pesar del gran poder, en la crisis de 2007-2009, la FDIC tuvo números negativos. Otros funcionarios, afirman que las Reservas Internacionales protegen a los ahorristas; no obstante, ese dinero tiene como prioridad las deudas con los organismos crediticios como el FMI.
En el caso ecuatoriano, un sistema así puede crear efectos descontrolados: aumentar los sujetos financieros, pero no las garantías. La Constitución en su Art. 308 dice que “Las administradoras y administradores de las instituciones financieras y quienes controlen su capital serán responsables de su solvencia”. En 2025, 12 cooperativas entraron en liquidación; y este año dos. Por sobre cualquier resolución, las instituciones estatales y privadas deben garantizar y transparentar la solvencia financiera a la ciudadanía.