Comunicado de Unidad Popular del Ecuador frente a las masacres carcelarias:
1.- Queremos expresar nuestra más sentida nota de pesar y solidaridad a los familiares de las víctimas que fueron asesinadas en el Pabellón 2 de la Penitenciaria del Litoral en la ciudad de Guayaquil.
2.- Responsabilizamos al Gobierno del presidente Guillermo Lasso Mendoza, como principal responsable de la grave crisis carcelaria que vive el Ecuador. Desde que asumió su administración en mayo de 2021, se registraron el más alto número de personas privadas de la Libertad que lamentablemente perdieron su vida.
Está claro que el Gobierno, no ha privilegiado una política de seguridad integral que preserve la vida de los PPL. El Gobierno de Lasso, prometió la inversión de 70 millones de dólares para los centros de rehabilitación, los mismos que nunca llegaron. El estado de excepción NO sirvió para controlar las cárceles, al contrario, militarizaron las calles, sin resultados concretos, pues la delincuencia no se soluciona con el Ejército, sino con medidas económicas que ayuden a los y las más necesitadas. Los indultos y liberación de PPL, fueron solo discursos vacíos y sin concreciones. En resumen, el Gobierno del presidente Lasso demuestra su completa incapacidad por acción y omisión para resolver la crisis carcelaria que atraviesa el Ecuador.
3.- Hacemos un llamado a todas las funciones del Estado, a tomar medidas efectivas para enfrentar los duros momentos que vive el país. A la Asamblea Nacional, a reformar el COIP, mismo que permitió que muchos ciudadanos sin sentencia se debatan hoy entre la vida y la muerte. A los y las jueces a que revisen las medidas de prisión preventiva por otras menos gravosas, la privación de la libertad no es la alternativa en un sistema carcelario que mantiene condiciones de hacinamiento.
4.- Vivimos momentos de conmoción nacional, producto del olvido y espalda del Estado hacia una población de cerca de 40 mil ecuatorianos y ecuatorianas, quienes en su gran mayoría provienen de los sectores empobrecidos de nuestra sociedad, jóvenes que no encontraron alternativas ni fuentes de trabajo. Exigimos del Gobierno soluciones concretas que no impliquen la criminalización o violación de los DD.HH., y si la inversión en un verdadero sistema de rehabilitación social.