Por Jaime chuchuca Serrano
La noche del 8 de diciembre de este año, 16 militares apresaron violentamente a 4 niños afrodescendientes (Josué, Ismael, Saúl y Steven), de bajos recursos, en el Mall del Sur de Guayaquil, a 2 minutos de Las Malvinas, de sus casas y de sus vidas. La patrulla militar llevó a los niños a 44 kilómetros de distancia, al Taura, Naranjal. En la audiencia de Habeas Corpus del día 24 de diciembre, la documentación presentada por los militares sobre los hechos, iba del 20 de diciembre en adelante, es decir, 12 días no había reportes oficiales. El Fiscal Christian Fárez, sostuvo que no hay prueba alguna sobre ningún delito de los niños y pidió que se lave su nombre en los medios; Fárez, como recordando al Fiscal Strassera de Argentina, manifestó: ¡desapariciones forzadas, nunca más! La jueza Tanya Loor valoró las pruebas y exposiciones, y sentenció un Habeas Corpus favorable a los niños por desaparición forzada. Sospechosamente, a la misma hora, la Fiscalía solicitó audiencia para formular cargos a los 16 militares, y la prensa comunicó que hay cuerpos incinerados cerca de Taura, sin poderse comprobar hasta ahora su identidad. Un suceso atroz.
El Ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, el Jefe del Comando Conjunto, Jaime Vela, el presidente Noboa, los abogados, y dos militares han contado relatos diferentes, contradictorios, confusos, vagos, que solo han servido para incriminar más a los militares. Primero, Loffredo negó la participación de los militares (21 de diciembre); segundo, en el mismo video, Vela dijo que se abriría un Tribunal Militar (21 de diciembre); tercero, Loffredo cambió su argumento, para sostener que los 16 militares apresaron a los niños por robo, pero que los liberaron en Taura y que se los llevó la mafia (23 de diciembre); cuarto, Noboa sugirió declarar “héroes nacionales” a los niños (23 de diciembre); quinto, Loffredo culpó al padre por no ir a verlos, que recibió una llamada –pero no dijo que era la llamada de un niño coaccionado y sin representante legal– (26 de diciembre); sexto, dos militares añaden, que en Taura la patrulla liberó a los niños después que los ayudaron a retirar un árbol del camino (26 de diciembre); un abogado de los militares, Jesús López, señala que no sabían que eran niños (27 de diciembre).
La amarga historia latinoamericana, nos ha dejado una estela de hechos típicos y frecuentes en las desapariciones forzadas y uso excesivo de la fuerza: lagunas y equivocaciones en los relatos, la negación de hechos comprobados, incoherencias y contradicciones, justificaciones de “cumplir órdenes”, alteración cronológica y geográfica, la atribución de culpa a terceros (como mafias), la falsificación de identidades de las víctimas (relacionándolos con grupos delictivos), la desaparición de testigos de delitos, el ocultamiento de pruebas. La tecnología colaboró en hacer público lo que antes se mantenía escondido. En EEUU, quedó grabado a fuego el momento del asesinato de George Floyd, bajo el peso de un policía; aquí se tienen videos de la captura de los niños.
Las crisis económicas y políticas inducidas por los gobiernos, la construcción de un Estado militarista y gendarme, en medio de problemas estructurales de pobreza, racialización, discriminación, y en plena decadencia del modelo oligárquico y autoritario impuesto por Noboa, ha predispuesto condiciones para la violación permanente de los derechos humanos. Como una vuelta de tuerca que da la historia, en 1987, 62 comandos, bajo la dirección de Frank Vargas Pazzos, que estaba recluido en la Base de Taura, capturaron al presidente autoritario Febres Cordero (quien también desapareció a los hermanos Restrepo) y lo obligaron a firmar su absolución; ahora, en 2024, en el gobierno de Noboa, 16 militares llevaron deshumanizadamente a 4 niños a Taura, firmando otro crimen de Estado.