Por Ramiro Beltrán | CODESS
Ante la propuesta de enajenar bienes inmuebles del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para obtener aproximadamente USD 2.000 millones de liquidez, afiliados, jubilados y organizaciones sociales exigen un debate nacional técnico, económico, actuarial y jurídico. El verdadero debate no es cuánto dinero puede obtenerse mediante una venta, sino cuánto patrimonio colectivo se perdería y qué consecuencias tendría para la sostenibilidad futura de la seguridad social.
Según el catastro institucional, con corte al 19 de marzo de 2026, el IESS registra 1.387 predios en las 24 provincias del país, vinculados a salud, pensiones, Seguro Social Campesino y administración. Este patrimonio debe ser clasificado técnicamente: bienes estratégicos, como hospitales, centros médicos y dispensarios, que no deben venderse; bienes productivos, que deben conservarse y mejorar su rentabilidad; bienes con potencial de desarrollo, que constituyen una reserva para infraestructura, vivienda o inversión; y únicamente bienes realmente improductivos o prescindibles, cuya eventual venta debería someterse a estudios independientes.
El patrimonio del IESS no es una caja fiscal
Los bienes y recursos de la seguridad social tienen una finalidad específica y deben administrarse bajo principios de autonomía, sostenibilidad, seguridad, rentabilidad, diversificación y protección intergeneracional. Si existen obligaciones pendientes del Estado con el IESS, la prioridad debe ser reconocerlas, depurarlas, cuantificarlas y establecer mecanismos efectivos de pago, antes que trasladar la carga financiera a los afiliados mediante la venta de sus bienes.
La defensa patrimonial no significa mantener activos improductivos, sino hacerlos producir mediante una política moderna de administración: catastro público y georreferenciado, avalúos independientes y actualizados, saneamiento jurídico, administración profesional, rentabilidad inmobiliaria, arrendamientos transparentes, auditoría, participación de afiliados y jubilados y rendición pública de cuentas.
Condiciones ante cualquier eventual venta
Los afiliados y jubilados demandan: suspender ventas masivas hasta contar con estudios independientes; publicar el catastro, situación jurídica, avalúo, uso y rentabilidad de cada predio; prohibir la venta de bienes esenciales para salud, pensiones y Seguro Social Campesino; garantizar la participación de afiliados y jubilados en la fiscalización; auditar cada operación e identificar compradores y beneficiarios finales; y, si excepcionalmente se autoriza una enajenación, destinar y reinvertir íntegramente los recursos dentro de la seguridad social, publicando el avalúo, precio, comprador, modalidad y destino del dinero.
La liquidez de hoy no puede ser el patrimonio perdido de mañana
La crisis del IESS requiere soluciones estructurales: recuperación de obligaciones pendientes, fortalecimiento de la recaudación, combate a la evasión y mora patronal, mejores inversiones, reforma de la gobernanza y administración técnica y transparente. Vender terrenos y edificios no resuelve estos problemas.
Un predio puede convertirse mañana en hospital, dispensario, centro de rehabilitación, residencia para jubilados, proyecto de vivienda o inversión generadora de renta. Venderlo significa renunciar a esas posibilidades y afectar el patrimonio de las futuras generaciones, e iniciar procesos de privatización, además que el presidente de la República, no puede ni debe intervenir en los dineros que son propios de los aportantes y distintos a los del Estado, y los protege la autonomía institucional.
Los bienes y recursos de la seguridad social deben administrarse en beneficio de quienes los aportaron y de las generaciones que dependerán de ellos.
El patrimonio del IESS no se vende, se protege, se transparenta, se administra con responsabilidad y se hace producir.
Defender el patrimonio del IESS es defender la seguridad social como derecho humano, la autonomía institucional y el patrimonio colectivo de los trabajadores ecuatorianos.