Por JRE*
Se ha hecho público varios casos de violencia sexual en ámbito educativo del país, la chica del colegio Dillon, el caso del colegio Montúfar, el caso de 30 estudiantes en un colegio de Santo Domingo, un niño de 8 años reiteradamente abusado sexualmente en los baños de su escuela, hoy el caso del colegio Consejo Provincial y miles de casos más que son silenciados por autoridades de distintas instituciones educativas, están perdidos entre papeleo burocrático o no son denunciados por miedo a represalias. ¿Cuántas estudiantes más tenemos que vivir violencia sexual en las aulas para que hagan algo?
En el país, desde 2017, solo Fiscalía recibió más 2 560 denuncias por violencia sexual en las aulas, pero según la Coalición contra el Abuso Sexual a la Niñez, más del 60% de casos no se denuncian, es decir, miles más están ocurriendo mientras las autoridades se cruzan de brazos. De esa manera, el mensaje que envía el Ministerio de Educación y el gobierno de Guillermo Lasso es el de impunidad para los abusadores, el de complicidad con la violencia sexual en las aulas.
¿Cuáles son los principales problemas cuando una estudiante denuncia? En el caso del colegio Consejo Provincial de Quito, podemos ver un factor que se repite constantemente: los protocolos se demoran en activarse. De hecho, los sucesos de violencia sexual que ahora se conoce de debe a la movilización de las y los estudiantes; solo así las autoridades de los colegios y del ministerio toman cartas en el asunto. Si la juventud no se moviliza y levanta contra estos hechos, todo se oculta en aras de mal entendido “prestigio institucional”.
Quienes sufren esta violencia, luego están expuestas a una constante revictimización, es decir, tienen que escuchar comentarios sobre: cómo vestían, por qué estaban en ese sitio, cómo y con quién estaban, si se insinuaron al profesor o compañero, por qué estaban solas, etc. Y es que, dentro del mismo protocolo frente a la violencia sexual en escuelas y colegios, creerle a la víctima, brindarla apoyo, informarle que tiene derecho a la confidencialidad y otros factores que previenen la revictimización son sólo recomendaciones a seguir más no son obligatorios para el personal con el que se hace la denuncia.
En la mayoría de colegios hay un desconocimiento de este protocolo, no lo conocen ni autoridades, padres y madres de familia y mucho menos estudiantes. El Ministerio de Educación hace muy poco para prevenir la violencia y menos aún para socializar las rutas de acción frente a estos casos. Por eso, frente a lo sucedido en el colegio Consejo Provincial, alzamos nuestra solidaridad con la compañera que sufrió abuso sexual, pero además reconocemos el accionar de las y los estudiantes que se tomaron las calles para exigir justicia, reparación y no revictimización.
También nos sumamos a la exigencia de una actualización (con participación de las y los estudiantes) del protocolo para actuar frente a casos de violencia sexual y que este sea socializado con toda la comunidad educativa, demandamos sanción y separación inmediata de las autoridades negligentes, nos sumamos al grito de justicia para para todas y todos los que han vivido este tipo de violencia.
*Juventud Revolucionaria del Ecuador