Por Remo Cornejo Luque
Al iniciar el gobierno de Lasso se generó, en la población, esperanza de cambios por las ofertas de campaña. Hoy hay pesimismo.
Al año de gobierno, las políticas de ajuste del FMI han significado empeorar las condiciones de vida de los trabajadores y pueblos. Dio la espalda a los más necesitados. Redujo el presupuesto en salud y educación, eliminó los subsidios a los combustibles, aplicó un paquetazo tributario. En esta etapa han emigrado 100 mil ecuatorianos por la falta de empleo.
Las últimas encuestas ubican la pérdida de credibilidad del gobierno y dos grandes problemas: a) la economía (desempleo, alto costo de la vida, elevación de los combustibles, etc.); y, b) la inseguridad.
Es indudable que la falta de empleo, la falta de acceso a la educación y la pobreza son caldo de cultivo para incrementar la inseguridad. Se nota la incapacidad del gobierno para resolver este tema.
El pueblo exige, además, más salud ya que no hay medicinas, insumos, consultas a tiempo, ni cirugías. Reclama que más de 200 mil jóvenes no pudieron ingresar a las universidades; que la infraestructura educativa es deficitaria para la presencialidad. Protesta por la seguridad social que está en crisis, donde el principal deudor es el Estado. Se demanda el cumplimiento con los arroceros, bananeros y lecheros para que haya créditos efectivos, sin trabas, y para que la urea se subsidie. Se cuestiona que los rubros del petróleo sirvan para pagar la deuda externa y no para atender las demandas sociales.
La justicia sigue secuestrada. Sigue el muñequeo burdo e inmoral. El reemplazo de Saquicela por una excolaboradora de Gustavo Jalhk evidencia un pacto gubernamental con el correísmo de la década robada.
Es lamentable que estemos frente a un gobierno incapaz, mentiroso y neoliberal. El descontento crece y se expresa en resistencia popular. Los días venideros testificarán el crecimiento de la corriente de que se vayan todos: Ejecutivo, Legislativo y función judicial, principalmente.