Por: Mateo Rodríguez
El pasado 7 de diciembre, Guillermo Lasso firmó el decreto No. 615 que dispone remitir a la Asamblea Nacional el proyecto de reforma parcial a la Constitución, mediante el cual, se pretende incorporar un párrafo al artículo 158, por el cual se busca disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para “combatir el crimen organizado”.
Los intentos de incorporar a los militares al control interno del país no son nuevos, el propio correísmo, mediante enmienda constitucional, reformó en el 2015 este mismo artículo, con el siguiente texto: “Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad territorial y, complementariamente, apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley».El pueblo en las calles obligó a que la Corte Constitucional en el 2018 declare la inconstitucionalidad por la forma a esta reforma.
Desde la década de los 90 del siglo pasado, en Latinoamérica se ha impulsado una corriente que promueve el involucramiento de las FF. AA. en asuntos de seguridad pública. En todos los países, quienes abogan por eso lo hacen aduciendo las “nuevas amenazas” relacionadas con el narcotráfico, lavado de activos, tráfico de personas, y más recientemente el crimen organizado trasnacional.
La experiencia de los países que han optado por esta estrategia nos demuestra el fracaso de este, ya que, se deja intacto los mercados ilícitos. La represión militar en ciertas zonas ha hecho que se desplace a otros territorios, lo que ampliaría la vorágine de violencia en el país. La propia Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señaló que “(…) la delincuencia organizada parece no ser tanto un grupo de personas que participan en diversas actividades ilícitas como un grupo de actividades ilícitas en que algunos particulares y grupos participan. Si esos particulares son detenidos y encarcelados, las actividades continúan, porque el mercado ilícito y los incentivos que genera se mantienen.”
La militarización de la seguridad interna no podrá acabar con el crimen organizado, porque este, está ligado a empresas y productores de bienes o valor agregados, lo que le estructura en una entidad empresarial bajo normas y procedimientos del mercado, generando acuerdos con otros negocios para invertir las ganancias y así poder circular los recursos del negocio ilícito, cerrando así el círculo del blanqueo de dinero o bienes.
A diferencia del delito común, este tipo de crimen establece relaciones bilaterales de oferta y demanda, por ello, los territorios de producción de sustancias estupefacientes seguirán viviendo mientras existan territorios que consuman los mismos, lo mismo ocurre con el tráfico de órganos o personas. Esta relación bilateral genera una cadena de producción ilícita que va vinculándose con la economía nacional y por ende consiguiendo acuerdos con las clases dominantes, sus políticos, jueces, militares, burócratas. Entre 2010 y 2019 el número de personas que consumen drogas aumentó un 22%, lo que significa el crecimiento constante de las fortunas ligadas al negocio ilícito. 269 millones de personas en el mundo consumen sustancias psicoactivas, drogas depresoras, o estimulantes; alucinógenos, inhalantes, cocaína, sin contar el alcohol.
Esta realidad puede ser cambiada, si transformamos la sociedad. El capitalismo crea las condiciones para que este negocio crezca, para terminarlo hay que acabar con las causas que lo genera. La militarización de las sociedades ha demostrado ser incapaz de resolver el problema, lo agravó.