Por Francisco Garzón Valarezo
A más de los interesantes datos que analizó el abogado Marcelo Rivera en su última entrega para este periódico, sería importante conocer si existe algún estudio que nos informe sobre el grado de instrucción que tiene los presos en el Ecuador, si se conocen los rasgos psicológicos de ellos y se nos diga si es verdad que las cárceles están llenas de criminales peligrosos y curtidos.
Esta inquietud surge después de conocer que varios de los asesinados en los recientes motines fueron deudores de pensiones alimenticias, sospechosos, solo sospechosos de hurtos, robos, e incluso, eventuales responsables de supuestas perturbaciones al orden público como fue el caso del señor Víctor Guaillas Gutama, defensor del agua y de los páramos, o el del joven Jordy Macas Guamán que estaba preso por incumplir el toque de queda. El martes 23 de noviembre nos sorprendió la noticia del indulto del presidente a los presos por conducir sin licencia.
Más allá del enfoque simplista que atribuye la culpa de las masacres de La Peni a bandas rivales, potentes voces han señalado al responsable de estos crímenes: el Estado ecuatoriano. En este y en anteriores gobiernos han ocurrido asesinatos en las cárceles, ha crecido el hacinamiento, los presos han soportado hambre, frío, enfermedades, abusos, palizas, y el Estado, responsable de garantizar que esto no ocurra, parece creer que está librado de cumplir con sus obligaciones.
Cuando una persona comete un delito, violenta la ley y se convierte en un delincuente; así, el Estado, al incumplir con la Constitución, se convierte en un delincuente.
El Estado ha renunciado a su obligación de implementar las políticas de rehabilitación de los presos, y frente a los hechos, es pertinente afirmar el criterio de que la cárcel sirve como mecanismo de venganza que aplica una justicia de clase y que mete a la gente en prisiones de la muerte antes que en centros de reinserción social.
Cualquier sociólogo, sin despeinarse en el análisis, puede llegar a la conclusión de que las cárceles no son la repuesta al crimen. Los esfuerzos para enfrentar la inseguridad, han fracasado, como ha fracasado el orden social impuesto por una clase social que no busca la justicia, sino que la emplea como un medio más de sometimiento y dominación.
Dicho de otra manera, la banda de los burgueses del Ecuador, se ha impuesto sobre la banda de Los “Choneros”, “Los Lobos”, “Los Tiguerones” y otras, que, sin pertenecer a la delincuencia común, pertenecen al extracto social de la oligarquía.
La realidad ha demostrado que el delito no se combate construyendo “mega cárceles”, ni aumentando policías. Se combate creando condiciones de vida digna, con educación y trabajo.
El Estado burgués ha encerrado en cárceles de cemento y barrotes a una parte de la población, a la otra parte, la tiene encerrada en cárceles ideológicas, llenas de prejuicios y alienación que le han hecho creer que este es un sistema social consensuado, democrático y equitativo, y no uno criminal, en donde los poderosos roban a diestra y siniestra.