Por Edgar Isch L.
El 10 de abril el gobierno anunció su propuesta de nuevas medidas, que en parte deben pasar por el dictamen de la Asamblea Nacional, para lograr recursos necesarios en momentos de crisis. El argumento central, es que no existe dinero, pero sí lo hubo cuando hace poco decidió pagar 325 millones a los tenedores de los bonos 2020 de deuda externa. Allí mismo se anunció nuevos créditos internacionales, amenazando añadir deuda externa muy por encima de lo legalmente permitido, pero solo fue un anuncio “tranquilizador” que hasta hoy no se concreta.
¿De dónde entonces saldrán los fondos? El argumento típico neoliberal es que “todos pongamos el hombro”, lo que se traduce en que los de abajo paguen por la crisis que benefició a los de arriba. Por ejemplo, del aporte de las grandes empresas dice el gobierno que espera 500 millones de dólares, pero a esas mismas empresas este gobierno les perdonó, según el cálculo más bajo, 987 millones de dólares por la llamada “remisión tributaria”. Es decir que ahora se les pide la mitad de lo que el gobierno les regaló. Además, es conocido que los grandes inversionistas y sus empresas conocen trucos para evadir impuestos. Para 2017, de los 971personas propietarias de los grupos económicos, unos 236 registran ingresos cero para su declaración de impuestos, según el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador.
Pero, de las remuneraciones de los trabajadores privados y del Estado, se extraerá entre 650 y 800 millones de dólares, según declara el Ministro de Finanzas (El Universo, 11 de abril). Es decir, su salario se reduce inconstitucionalmente, a más de otras amenazas pues el principio de “pago oportuno” ya no se cumple cuando se anuncia que a los trabajadores públicos el mes pasado se cancelará hasta el día 17, mientras para el pago de la deuda externa la puntualidad fue total, demostrando cuales son las prioridades del gobierno. Tampoco el principio de “pago integral” de las remuneraciones se está garantizando, cuando se permite otras reducciones salariales en el sector privado, incluyendo declarar vacaciones a los días de cuarentena, lo que implica que esos trabajadores ya no disfrutarán de los días de descanso ganados. Puede llamarse como se le llame, como aporte o donación, pero lo que se hace es poner un impuesto al salario, dándole el mismo trato que a las ganancias de la gran burguesía. Impuesto que golpea en la principal fuerza productiva: los trabajadores y trabajadoras.
La trampa insistente es poner en el mismo plano a la remuneración de los trabajadores y a las ganancias de los grandes empresarios. Ganancias que hacen del nuestro un país de enormes disparidades como se puede ver en los ingresos de los grupos económicos identificados por el SRI. En su estudio sobre los grupos económicos en el país, Carlos Pástor Pazmiño, con base en información de Forbes, destaca que en 2015 la fortuna de Álvaro Noboa tenía una riqueza personal de 1.200 millones de dólares. Él y otros millonarios no se juegan ni la alimentación ni la salud si se reduce, mínimamente, la velocidad de crecimiento de su riqueza.
La remuneración al trabajador (sea sueldo, salario u honorarios), no puede tener la misma consideración de las ganancias de una gran empresa o un banco. Esto está definido incluso en la concepción de las leyes, por lo que en muchos países incluso a nivel constitucional se garantiza el nivel de salarios y se prohíbe su reducción, algo que no se hace con las ganancias.
La remuneración al trabajador es el resultado de su esfuerzo y es una retribución por sus capacidades empleadas en la producción, lo que se define como fuerza de trabajo. La remuneración no es una ganancia porque además es el fruto del esfuerzo del trabajador a favor de otra persona, del empresario que lo contrata. La economía política demuestra que no se le paga por el fruto de su trabajo real, es decir de lo producido, sino por esa fuerza de trabajo y esto se lo reconoce cuando se plantea la existencia de un ingreso mínimo vital, es decir lo mínimo para mantener las condiciones de vida que permitan que el trabajador pueda laborar y ser explotado al día siguiente, y al siguiente y al siguiente. Esta importancia de la remuneración, principalmente para garantizar la alimentación, es la que llevó a las medidas para resguardar su pago de manera íntegra y oportuna, que como dijimos, está violando el gobierno de los empresarios.
La ganancia o las utilidades son, por el contrario, el valor que obtienen los dueños de empresas surgido de tener más ingresos sobre gastos, de una transacción, operación o actividad económica. Esa ganancia no surge mágicamente o de la sola voluntad de hacerse ricos, sino que es la parte no pagada al trabajador por el resultado de su labor, la plusvalía que queda en manos del empleador. O, como es conocido, en el caso de los bancos, su fuente de ganancia es el dinero de los ahorristas, que el banco presta a otros a mayores intereses. La ganancia, por tanto, no garantiza la alimentación, no se reduce a condiciones mínimas de vida. Por el contrario, las grandes ganancias, las de las grandes empresas, lo que provocan es la acumulación de riqueza en pocas manos. A nivel nacional, para 2010, “el 20% de los hogares más ricos concentran el 70% del valor bruto total de los activos físicos y financieros” (Deere and Contreras Díaz 2011, Acumulación de activos. Una apuesta por la equidad. Quito: FLACSO). Y la desigualdad ha sido cada vez mayor en los últimos años.
Claro, hay que diferenciar si la ganancia es de una pequeña empresa, muchas veces de carácter familiar en la que sus miembros aportan con su trabajo, de una empresa que se caracteriza en sobre-explotar a la naturaleza y trabajadores como las mega mineras. La primera, la pequeña, tendrá una ganancia reducida, que le permite mantener a la empresa y, tal vez, mejorar en algo las condiciones de vida, mientras la segunda lleva a la acumulación de riqueza en poquísimas manos.
Por otra parte, y particularmente en países como el nuestro, las pequeñas y medianas empresas son las que generan mayores fuentes de empleo, por lo que es necesario darles un trato que permita su protección y desarrollo. Apoyarlas está ligado a la protección del trabajo. Pero otra cosa es ponerlas en el mismo saco que una gran empresa millonaria, que no generan tanto empleo, pero si conducen al enriquecimiento desmedido.
El impuesto directo a las grandes fortunas y las utilidades extraordinarias, con el carácter de permanente, ha sido planteado por el FUT, la CONAIE, el Frente Popular y numerosísimas otras organizaciones populares. Internacionalmente, incluso burgueses que sienten la necesidad de readecuar algunos aspectos del capitalismo lo han planteado. Allí está el comunicado “Millonaires against pitchforks” (https://bit.ly/2SgaHj6), que se presentó en el Foro Económico Mundial de Davos realizado en enero de este año, dirigido “A nuestros compañeros millonarios y multimillonarios de todo el mundo”. Los autores del comunicado dicen que el crecimiento de la “desigualdad extrema y desestabilizadora” les lleva a plantear a los Estados: “avanzar ahora, antes de que sea demasiado tarde, para exigir impuestos más altos y más justos a millonarios y multimillonarios dentro de sus propios países y ayudar a prevenir la evasión y elusión de impuestos individuales y corporativos a través de los esfuerzos de reforma fiscal internacional”.
En el Ecuador, la gran burguesía que tanto ataca al Estado, vive de él, se enriquece más con los dineros del país y siempre eluden cualquier impuesto. Pero son ellos los que deben pagar más impuestos, devolviendo algo a la sociedad lo que poseen en exceso. Frente a la pandemia, numerosos gobiernos frontalmente pro capitalistas empiezan a aplicar medidas de este tipo y de subsidios a las familias de los trabajadores, tengan o no empleo, pero el gobierno de los grandes empresarios piensa hacer lo contrario en el Ecuador.
Un hecho adicional es que, según las tablas presentadas oficialmente, quien tiene ingresos sobre mil dólares entregará un porcentaje mayor (y creciente, desde 7,5% por mil dólares) que el que se plantea para las empresas con utilidades netas de más de un millón de dólares (5%). Y los trabajadores no podrán eludirlo, mientras los empresarios podrán reducir su porcentaje con donaciones y otros justificativos. El sentido de justicia tributaria no existe para el Ministro de Finanzas. Y ello no cambia con la medida populista de anunciar la reducción de los sueldos de los más altos funcionarios, que responde al enojo popular pero que no cambia nada de lo señalado.
Las importantes propuestas presentadas desde las organizaciones populares, nos permiten una conclusión: Dinero hay, y de sobra, solo que está en las manos equivocadas.