Por: Mateo Rodríguez
El 14 de enero se hizo público las observaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la visita que realizó entre los días 28 y 30 de octubre de 2019, con el objeto de observar la situación de los derechos humanos en el país tras el levantamiento indígena – popular que se realizó entre el 3 y el 13 de octubre de 2019.
Entre las conclusiones del informe se destaca la “preocupación sobre la actuación de las fuerzas de seguridad, que no tomaran en cuenta los protocolos interamericanos e internacionales establecidos para la actuación en dichas ocasiones, como la utilización indiscriminada de gas lacrimógeno, incluso en espacios en los cuales las madres estaban reunidas con sus hijos y por las distintas muertes registradas en el periodo.”
La Comisión en su informe le recuerda al Estado “que los operativos de seguridad del Estado deben ser planificados de forma cuidadosa bajo protocolos de actuación claros que garanticen el uso de armas adecuado menos letales, progresivo y proporcional, con absoluto apego a los derechos humanos, y favorezcan al diálogo entre las partes. Además, resaltase que el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve violenta toda la protesta, ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza o a practicar detenciones masivas.”
El informe estable además que “en lo relativo a los derechos de los pueblos indígenas y originarios, la CIDH reconoce la importancia de abordar los fenómenos contextuales de tensión como expresiones de la violencia estructural en que viven los pueblos indígenas, por esto, hace un llamado al Estado a favorecer la activa participación e intercambio de ideas de los diversos sectores de la sociedad ecuatoriana, relevando el diálogo intercultural permanente entre organizaciones indígenas y el Estado.”
Las conclusiones y recomendaciones del informe se convierten en un duro golpe a la política de Moreno, por lo cual varios funcionarios del gobierno, incluido el propio presidente, así como los grandes medios de comunicación han criticado el documento, acusándolo de “sesgado”. La ministra Romo en una entrevista radial indicó que en el informe “hay muy pocas alusiones al secuestro de policías y militares… No todas las personas que perdieron la vida en este contexto de violencia son indígenas”. Continuando esta línea argumental, Moreno en cadena nacional criticó el informe, recordando las cifras de policías y periodistas agredidos, desconociendo la existencia de miles de heridos y detenidos, once muertos por parte de los sectores indígenas y populares. El portal 4 pelagatos y los grandes medios de comunicación han hecho coro al discurso gubernamental, levantan una fuerte ofensiva para deslegitimar el informe del organismo internacional acusándolo de “sesgado” y “hemipléjico”, los otrora defensores del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos hoy son sus principales críticos, para lo cual no se han avergonzado en recoger las ideas levantadas por el correísmo contra estas instituciones ejemplo de ello es José Hernández quien parece haber parafraseado a Correa cuando señala que “por doctrina o por prejuicio, el informe de la CIDH es hemipléjico porque señala solo al Estado como violador de Derechos Humanos”
Para el gobierno y los plumíferos de la derecha, la CIDH debió condenar la protesta y las acciones de reclamo protagonizada por los pueblos en octubre en lugar de realizar las observaciones al Estado por los excesos de las fuerzas del orden. Para muchos de estos corifeos como Ordoñez o Rosero, la Comisión debió pronunciarse en favor del derecho a la propiedad y la circulación, desconociendo la grave afectación a los Derechos Económicos y Sociales que significaba la eliminación del subsidio a los combustibles.
Las críticas recibidas por el gobierno y la derecha muestran lo importante del informe de la CIDH, este documento se convierte en un instrumento importante en la defensa de la libertad de expresión y protesta de los pueblos del Ecuador.