Por Jaime Chuchuca Serrano
El tan esperado dictamen de la Corte Constitucional, sobre el juicio político a Lasso, obtuvo mayoría calificada con 6 votos, de 9 jueces. La decisión de los jueces, también muestra la correlación de las fuerzas políticas: tres jueces a favor de Lasso, tres con vínculos socialcristianos, y tres con el correísmo.
El error más grande de la sentencia es que la Corte se pronunció sobre las pruebas de los supuestos delitos, contradiciendo la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que en su Art. 153 dice: “Ni en el caso del juicio político ni en el voto de destitución, la Corte Constitucional tiene competencia para pronunciarse acerca de si están probadas las infracciones y la responsabilidad de la Presidenta o Presidente de la República”. Al contradecir este artículo, la Corte inadmitió dos supuestos delitos de concusión (por vínculos con el narcotráfico y corrupción), y mantuvo el de peculado por el caso FLOPEC, es decir el mal menor. A la Corte le compete la constitucionalidad del procedimiento del problema jurídico y la singularización de las infracciones, para determinar las responsabilidades políticas, no valorar las pruebas penales.
Sin embargo, el juicio político está en marcha por el caso FLOPEC: el arrendamiento de buques a Amazona Tankers, para transportar petróleo, propiedad de Enrique Cadena Marín, investigada por el FBI. El Estado ha realizado varios contratos con esta empresa, que subcontrata (o terceriza) barcos para hacer el trabajo. Aunque el contralmirante Johnny Estupiñán, exgerente de FLOPEC, quiso dar por terminado el contrato en febrero de 2022, Hernán Luque Lecaro, gerente de EMCO, nombrado por Lasso, actualmente prófugo, lo destituyó. En julio de 2022, el contrato fue renovado. Estupiñán alertó en varias cartas al presidente Lasso y a una Asambleísta, Mireya Pazmiño.
En esta situación, la Asamblea Nacional tendrá que reunir 92 votos para censurar y destituir a Lasso, o en su defecto archivar la causa. No obstante, la gente de Lasso ha dicho tener preparada la solicitud de muerte cruzada; pero esta también requiere del dictamen de la Corte Constitucional (Art. 148). Lo cierto es que la novela y la inseguridad continúa sin límites. Cuando termino esta columna, la policía publica en Twitter el asesinato de Rubén Cherres, uno de los vinculados con la mafia albanesa, Carrera y Lasso, caso que desestimó la Corte.