Por Prof. Stalin Vargas M.
El presidente Noboa envió a la Corte Constitucional, 11 preguntas para la consulta popular, la Corte tiene 20 días para realizar el control de constitucionalidad y luego el CNE tendrá 45 días para convocar a la consulta para que el pueblo diga SI o NO a las preguntas que califique la Corte Constitucional.
Según el presidente Noboa las preguntas de la consulta popular tienen 3 objetivos: 1. La intervención de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, 2. Exigir apoyo del sistema de justicia para que los delincuentes cumplan penas más altas y 3. La generación de empleo. Reconoce que la mayoría de cuestiones «no busca reformas constitucionales o legales». Quiere que la población apoye el envío de proyectos de reformas legales a la Asamblea Nacional por parte del Ejecutivo, pero no especifica cuáles serían esas reformas.
¿Qué plantean las 11 preguntas?
- Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales
- Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social.
- Los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, no sean privados de su libertad, o se les ordene arresto domiciliario, mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza.
- Se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil.
- Las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas.
- Se incrementen las penas de los delitos de: terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros.
- Las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social.
- Se evalúe a las servidoras y los servidores de la Función Judicial, incluyendo una auditoría a sus declaraciones patrimoniales.
- El Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio; se reformen los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros, para controlar la migración y fortalecer la seguridad del Estado.
- Se permita el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar.
Las preguntas plantean reformar el Código Orgánico Integral Penal, la Ley Orgánica de Extinción de Dominio y la Ley de Movilidad Humana. El contenido de 7 preguntas propuestas podría ser discutido y reformado en la Asamblea Nacional sin necesidad de la consulta popular.
¿Por qué incluye la pregunta 11?
Con la pregunta 11, el presidente Noboa busca que los casinos que se instalan en los hoteles 5 estrellas y los juegos de azar vuelvan a funcionar. El primer mandatario se olvida que en la consulta popular de 2 011 se le preguntó al pueblo ¿Está usted de acuerdo que en el país se prohíban los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego? El resultado fue 3 951 787 votos a favor, es decir el 52% de los electores dijeron que se prohíba los juegos de azar.
El tema de los casinos y los juegos de azar es incongruente cuando los estudios internacionales determinan que son actividades muy útiles para el narcolavado.
Así como están planteadas las preguntas, la consulta es innecesaria, porque no resuelve los problemas urgentes del país, la mayoría de las preguntas son parte del populismo penal y las reformas al COIP deberían debatirse en la Asamblea.
La Corte Constitucional que tiene 20 días para pronunciarse deberá negar varias preguntas porque violan tratados internacionales.
EX PRESIDENTE UNE NACIONAL
Quito, 4 de enero 2 024