Por Francisco Escandón Guevara
La crisis política continúa y se profundiza. El desarrollo del juicio, que podía censurar a Guillermo Lasso, fue obstruido por el Decreto presidencial de muerte cruzada que disolvió la Asamblea Nacional y facultó al banquero a gobernar, hasta seis meses, sin oposición institucional alguna.
La amenaza de una mayoría calificada de 92 votos necesarios para su destitución fue el detonante para que el régimen deje de jugar al espantapájaros y cumpla su advertencia de cerrar el Parlamento. Esa maniobra salvó el pellejo del banquero y lo envolvió en un manto de impunidad que no es equivalente a inocencia, pues aún está en pie su responsabilidad política en los actos de corrupción en FLOPEC.
La muerte cruzada que envía a una sarta de corruptos y mediocres a sus casas provoca un júbilo generalizado en el pueblo, pero no es menos cierto que es una peligrosa apuesta que hace el gobierno para imponer en corto tiempo, aceleradamente, su agenda neoliberal fracasada.
Enseguida de la cesación de la Asamblea ya se anunciaron al menos cinco decretos-ley que buscan precarizar el trabajo, privatizar las empresas estratégicas, flexibilizar la contratación pública y liberalizar el comercio. Ese es el verdadero interés encubierto detrás de la muerte cruzada: enriquecer más a los millonarios a costa de mermar derechos de las mayorías.
¿Serán beneficiosas las renegociaciones de los contratos de la telefonía celular, las concesiones mineras y petroleras, la subasta del Banco del Pacífico, las nuevas reglas laborales si quien tiene que hacerlas es Lasso, su cuñado Danilo Carrera y la gallada plutocrática? ¿Alguien pondría las manos al fuego por esos sátrapas?
Cierto es que la disolución del Parlamento es un mecanismo para resolver la crisis política, en tanto cumpla determinadas justificaciones, pero este Decreto de muerte cruzada es inconstitucional porque es inexistente la conmoción interna invocada por Lasso. A la Corte le compete dictaminar con celeridad y oportunidad la constitucionalidad del acto, de inclinarse por el oficialismo estaría legitimando una dictadura.
No se trata de defender a la Asamblea, ellos pueden irse al infierno, lo que importa son los intereses del pueblo y los del país que están amenazados por un gobierno que se cree plenipotenciario. La anunciada represión policial y militar no doblegará la resistencia y la unidad popular. ¡Fuera Lasso Ya!