Por Edgar Isch L.
En 2014 el Colectivo Yasunidos recolectó 727.947 firmas para una Consulta Popular que proteja al Yasuní de la explotación petrolera anunciada por el gobierno de Correa, luego de que ese mismo gobierno boicoteara y traicionara una propuesta de no explotar el crudo y ratificar la responsabilidad mundial en los temas ambientales. Los correístas desde el Consejo Nacional Electoral de aquel entonces, impidieron ilegalmente la consulta cambiando los reglamentos luego de iniciada la recolección de firmas y aduciendo, por ejemplo, que se anulaba el 60% de firmas por razones de gramaje del papel.
Luego vino un difícil proceso de demandas, una vez más encabezado por Yasunidos. En agosto de 2018 logran un informe favorable de la Defensoría del Pueblo, tras el cual se realiza una auditoría que reconoció la validez de las firmas, sin que, sin embargo, se dé paso a la Consulta. Lo último fue acudir a la Corte Constitucional que este 5 de septiembre obliga a su realización, preguntando al pueblo ecuatoriano: “¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?”. El proceso está en marcha.
Esta Consulta Popular es una oportunidad no solo para salvar al Yasuní, o lo que queda de él, sino de marcar la posibilidad de casos afines en los que sea el pueblo ecuatoriano quién decida si se debe valorar más la vida o los intereses de las transnacionales y las clases dominantes.
A diferencia de la consulta presentada por Lasso, esta es una iniciativa popular que tiene toda legitimidad, que no tiene trampas ni engaños, que sí atiende una de las determinaciones de nuestro futuro como país. A diferencia de la consulta planteada por Lasso, aquí se pone en tela de juicio a las políticas neoliberales y su “ambientalismo de mercado”, señalando que hay opciones mejores y más cercanas a la justicia social.
El apoyo masivo a la convocatoria de la Consulta hoy debe ratificarse. Es importante que las organizaciones populares entren a debatir la manera de explicar sus motivaciones y la necesidad de voto y la acción que ponga contra la pared a las prácticas extractivistas que han sido la política económica de los últimos gobiernos, trayendo destrucción ambiental, sobreexplotación laboral y apropiación de la riqueza en pocas manos. Esto va ligado a denunciar la falsa preocupación ambiental de la consulta de Lasso que pretende mercantilizar la naturaleza en beneficio de pocos.
A ello hay que sumar el apoyo necesario para la consulta a favor de un “Quito sin minería”, otra iniciativa de carácter popular presentada por el colectivo que defiende el Chocó Andino. En este caso, se trata de detener una explotación minera en territorios de gran potencialidad y de enorme diversidad ambiental.
En la misma línea, la exigencia de respeto total a la Consulta Popular realizada en Cuenca que en más de un 70% dijo a NO a la minería a gran escala para proteger páramos y las fuentes de agua de las ciudades y poblaciones. El gobierno y las empresas están tratando, ilegalmente, de burlar este mandato popular expresado en las urnas.
La lucha por nuestras condiciones de vida y por el futuro, nos une en distintos territorios y a nivel nacional. El pueblo debe ser escuchado y quienes quieren evitar su pronunciamiento o quieren burlarse del mismo deben ser sancionados en las urnas y con los demás mecanismos correspondientes.