Por Isabel Vargas Torres
La decisión gubernamental de volcar recursos económicos hacia megaproyectos de alto impacto visual —como la remodelación del Estadio Atahualpa— revela una escala de prioridades cuestionable. Mientras se busca posicionar una imagen de modernidad en la infraestructura recreativa, el sistema de salud pública continúa esperando la consolidación de una red con estándares internacionales de cobertura y calidad como el hospital público de Alemania Charité, la práctica. Lamentable que la inversión social estratégica sea desplazada en favor del espectáculo.
La salud y la educación constituyen las bases indispensables para el desarrollo de una sociedad equitativa. No obstante, la no ejecución presupuestaria en ambos sectores evidencia una desatención que vulnera derechos fundamentales. Tras tres años de gestión, los indicadores de inversión pública en áreas críticas —como salud, educación, empleo y seguridad ciudadana— siguen mostrando deficiencias estructurales.
A esta problemática se suma la tendencia a la centralización del poder y la discrecionalidad en la asignación de recursos hacia los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). La supeditación de obras clave, como la extensión del Metro de Quito hacia el sector de Calderón, a la consecución de resultados electorales a favor de la candidata del gobierno, contraviene los principios de equidad territorial y neutralidad institucional a más que riñe con la Código de la Democracia ya que es una flagrante campaña electoral anticipada.
La obra pública responde a una obligación constitucional del Estado con sus ciudadanos, no a un incentivo supeditado a la contienda política.
Mientras la agenda mediática capta la atención del público con anuncios efectistas, la política socioeconómica vigente sigue favoreciendo la acumulación de capital en sectores de altos ingresos. La distancia entre el crecimiento de las ganancias corporativas y la persistencia de la pobreza multidimensional refleja una profunda asimetría en la distribución de la riqueza.
La gestión pública debe regirse por criterios de dignidad y bienestar colectivo, superando la instrumentalización de las necesidades urbanas en coyunturas electorales.