Por Lcdo. David Andrade/ Sucumbíos
¿Una opción para brindar seguridad o un blindaje del gobierno nacional?
En estos últimos años, la violencia en el Ecuador se ha agudizado, la inseguridad se ha tomado los espacios públicos, la ciudadanía no se siente segura en su propia casa, a esto se suma el terreno que ha ganado las bandas delincuenciales en nuestra sociedad, e incluso ha reclutado a nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes, según las encuestas realizado por la FLACSO los sicarios oscilan entre las edades de 14 a 20 años, solo para citar el tema “Cara sucia” adolescente de 14 años de edad con 10 asesinatos entre policías, narco traficantes y civiles.
El miércoles 7 de diciembre, el gobierno nacional acudió a la Asamblea Nacional en compañía de su gabinete y sus ministros, para entregar al presidente de este organismo una propuesta para que los militares salgan a las calles para apoyar al trabajo de la policía nacional para combatir la inseguridad, sin embargo, cabe señalar que esta acción, la propia Corte Constitucional ya le negó anteriormente por ser inconstitucional.
Más allá de la propuesta del gobierno, cabe realizar el siguiente análisis de lo que implica esta propuesta. Poner militares en las calles, no significa seguridad ni tampoco es una garantía para erradicar la violencia y el narco tráfico, al contrario, la ciudadanía seríamos victimas colaterales al estar en medio de una guerra entre el estado y las bandas delincuenciales.
Poner militares en las calles significa quitarle sus funciones reales que es proteger nuestras fronteras, esto sería dejarle libre el ingreso de la droga y el narco tráfico internacional, volviéndonos vulnerable y agravando más la situación como sociedad.
Poner militares en las calles con el pretexto de fortalecer a la policía nacional, sería vivir una dictadura camuflada bajo el nombre de “seguridad”, estaríamos viviendo un constante estado de excepción e incluso una dictadura Lasista, eso no garantiza combatir la inseguridad, si no, que tiene un único propósito de frenar todo intento de movilización y protesta social, que sin duda se le viene en este nuevo año. El incumplimiento de los acuerdos de las mesas técnicas con el sector indígenas, la falta de atención a la salud, educación, falta de empleos, salarios dignos y el asalto que pretende hacer al IESS al no permitir la posesión de los representantes de los trabajadores a las vocalías, sin duda va a terminar en un estallido social.
Es difícil creer que se va a combatir el narco tráfico, cuando ha pasado más de un año y ni siquiera ha sido capaz de esclarecer los motivos y por qué se dañó el radar de Monte Cristi para detectar las narco avionetas y de hecho no se lo ha reparado ni se lo ha reemplazado, tampoco ha sido capaz de aclarar el tema de los narco – generales, pero que, además, intenta cubrir su incapacidad para gobernar y los actos de corrupción de sus funcionarios involucrados de las ventas de puestos públicos en Petro Amazonas, las Aduanas y el caso Danubio a través de una consulta popular que no resuelve las demandas reales de la sociedad.
¿Poner militares en las calles? Suena más a un estado de excepción…