Por Remo Cornejo Luque
La constitución del 2008, garantista de derechos, introdujo la figura de la muerte cruzada, un ardid político para evitar que la Asamblea Nacional navegue a contracorriente del poder ejecutivo. La “revolución ciudadana” buscaba permanecer en el poder muchas décadas, pero, el tiro les salió por la culata, y Lenin Moreno armó su propio libreto y se rebeló ante el jefe de la mafia de la década saqueada y truncó el proyecto del correísmo.
La crisis política que se vive en el ambiente ecuatoriano, desde hace algún tiempo atrás, producto de las contradicciones entre los intereses de los trabajadores y pueblos contra la política neoliberal del gobierno y toda la podredumbre de su institucionalidad; y, las contradicciones en las alturas, es decir entre diversos grupos económicos que mueven los hilos del poder, a través de distintos partidos de derecha; ha tomado fuerza con el juicio político contra Lasso y la declaratoria de la muerte cruzada, donde se convoca a elecciones para presidente y asambleístas para culminar el período actual.
Lasso no tiene sangre en la cara, no tiene dignidad, pues si la tuviera renunciaría a la presidencia por los escándalos de corrupción que está inmerso. Al verse con los votos en contra en la Asamblea Nacional, para salvar su pellejo, luego de una defensa patética realizada ayer, optó por el camino del decreto 741.
Es evidente que no hay causal valedera para que se aplique la muerte cruzada, pero si hay maniobra política para escaparse del juicio político y la inminente censura. Es decir, la causal invocada de conmoción interna no se ajusta a las circunstancias actuales; la falta de motivación, tal como exige la Constitución es evidente; existe una clara intención por utilizar fraudulentamente una herramienta que le permita evadir su responsabilidad política.
Las organizaciones sindicales, populares y los partidos políticos democráticos y de izquierda, continuando en las calles, deben demandar la inconstitucionalidad de tal malhadado decreto 741 y una vez echado al tacho de la basura se debe continuar con el juicio político por corrupción, por peculado, y debe ser censurado y destituido Lasso, y debe asumir el vicepresidente Borrero. Eso es lo correcto y justo que debe hacerse por el bien del país y para paliar, un poquito al menos, la creciente crisis política.
A la sazón del candente escenario político, hay que ver la actuación de la Corte Constitucional que debe analizar urgente las demandas de inconstitucionalidad del decreto 741 y en el caso de favorecer a los protervos intereses del gobierno, se avecina un nuevo proceso electoral que debe encontrar al campo popular y de izquierda unidos para evitar que regresen los corruptos del correísmo y de la derecha al poder.