Por Mario Montes M.
Desde hace más de 20 años que empezó a escucharse que compañías mineras internacionales estaban explorando en la provincia de Napo en busca de oro. A partir del Gobierno de Correa se amplía la concesión de áreas mineras a nivel nacional, especialmente a compañías de origen chino, canadiense y norteamericano, a pretexto de que el petróleo se acaba y que la nueva fuente de financiamiento del presupuesto nacional lo constituye la Minería, el gobierno impulsa una agresiva campaña de extractivismo, sin importar el grave daño ambiental y social que esto implica.
El 24 de enero del 2020, se publicó en el periódico regional El Observador la convocatoria para las Asambleas de Presentación Pública del Proyecto Aluvial Tena, perteneciente a la empresa TERRAEARTH RESOURSES S.A. las cuales se realizaron el sábado 01 de febrero en las comunidades de Yutzupino y Piwkulin. A pesar de tener una escasa convocatoria debido a falencias de socialización por parte del Ministerio del Ambiente, las comunidades, organizaciones sociales, ecologistas y defensores de la naturaleza se hicieron presentes manifestaron unánimemente su desconformidad con la ejecución del proyecto y denunciaron las irregularidades existentes hasta el momento por parte de la empresa y el Ministerio de Ambiente. Por estos motivos, se convocó de manera urgente a una Asamblea en la sede de la Federación de Organizaciones de Napo – FOIN con la finalidad de realizar un análisis sobre las cuatro concesiones mineras contiguas TALAG – CONFLUENCIA -ANZU NORTE – y el ICHO- proyecto aluvial TENA, el cual cubre un área total de 7.125 hectáreas localizadas en la jurisdicción política administrativa de las parroquias Tena – Puerto Napo – Talag – Pano y Carlos Julio Arosemena Tola.
Un grupo de ecologistas, operadores de turismo, académicos y estudiantes de la universidad IKIAM, dirigentes sociales, comunidades indígenas, dieron a voz de alarma a la población de Napo, sobre la pretensión de esta compañía minera de explotar las riberas de los ríos cercanos a la ciudad de Tena en busca de oro, con el consecuente daño ambiental y social. Se organizó una movilización en medio de las festividades del 12 de febrero, día de la amazonia, se presentó observaciones ante el Ministerio de Ambiente para que niegue la licencia ambiental por inconsistencias y falencias en el estudio de impacto ambiental, logrando sensibilizar y generar niveles de conciencia ambiental en sectores de la población.
A partir de ese momento, a pesar de la inacción y complicidad de las autoridades locales, de la desinformación y negligencia de las autoridades gubernamentales, incluso en medio de la pandemia del COVID 19, se han realizado acciones de resistencia y rechazo a la explotación minera en las cuencas hidrográficas de los ríos, contándose con el apoyo de la CONFENAIE, organizaciones como Acción Ecológica, Geografía Crítica, entre otras, que incluso han acompañado presencialmente en algunas de las múltiples acciones realizadas : marchas, plantones, ruedas de prensa, oficios a las autoridades, gestiones ante la defensoría del pueblo, los organismos de control ambiental, ante los asambleístas.
Se hicieron inspecciones in situ acompañando a los técnicos del Ministerio del Ambiente, de ARCOM, del ministerio de Energía y Minas, a las autoridades provinciales, a los gobernadores de turno, también se hizo visitas con periodistas, con el Defensor del Pueblo, Fredy Carrión, también con el entonces candidato a asambleísta Fernando Villavicencio, se filmaron videos testimoniales de la explotación minera ilegal y la tremenda destrucción del ambiente que se difundieron en las redes sociales, a pesar de lo cual las autoridades locales encabezados por el gobernador Wilfrido Villagómez, La prefecta Rita Tunay (PK), el alcalde de Tena, Carlos Guevara (PSP), nunca hicieron nada por detener la minería ilegal, argumentando que “no eran de su competencia”.
Rosa Cerda, asambleísta 
Washington Varela, asambleista 
Wilfrido Villagómez, gobernador de Napo 
Carlos Guevara, alcalde de Tena
El asambleísta de la provincia Washington Varea, presidente de la comisión de biodiversidad invito a una reunión ampliada de su comisión parlamentaria que se dio en Tena, en donde se denunció la catástrofe ambiental que estaba ocurriendo a causa de la explotación minera legal e ilegal, se le entrego documentos, videos y otras pruebas pero nunca hizo nada por detener la explotación minera, la asambleísta por PK, Rosa Cerda, nunca dio la cara ni hizo ninguna gestión a favor de la lucha anti minera a pesar de que el pueblo kichwa es el más afectado por la destrucción de la naturaleza y la contaminación del rio.
Los colectivos” Napo Ama la vida” y “Napo Resiste “, presentaron una acción de protección por la vulneración de los derechos de la naturaleza debido a la contaminación por minería metálica, la misma que fue parcialmente acogida ordenando el juez que los ministerios involucrados y los GADS presenten un plan coordinado en 90 días para que se ejerza el control y suspensión inmediata de todos los trabajos de minería ilegal. Lastimosamente a pesar de la sentencia continuaron los trabajos de explotación minera y destrucción de los ríos de la provincia, ríos que a más de su belleza, de su biodiversidad son fuente de alimentación, de ingresos a través del turismo ecológico y de aventura.
Las empresas mineras “legales” se justifican diciendo que a pesar de ser las concesionarias, los que están explotando el oro son mineros ilegales, pero la verdad es que estas compañías tiene acuerdos con las mafias que dirigen la minería ilegal, que amedrentan y dividen a las comunidades indígenas, que explotan irracionalmente sin ninguna medida de prevención o mitigación del daño ambiental, evadiendo de esta forma las multas y remediaciones ambientales.
Se ha comprobado la corrupción y complicidad de las autoridades provinciales que no solo se hicieron de la vista gorda ante este desastre ambiental, sino que participan de los beneficios económicos de esta actividad, Han ocurrido actos de amedrentamiento contra algunos dirigentes de los colectivos anti mineros, incluso hubo un intento de asesinato contra un abogado de apellido Rojas, al que posiblemente confundieron con el abogado Eduardo Rojas que auspicio la acción de protección contra la minería.
Los mineros lograron dividir a la población de Yutzupino, una comunidad ubicada a 15 minutos de Tena, donde la mayoría acepto la explotación minera a cambio de dinero por arrendar o vender sus terrenos para la explotación minera, y por tener el derecho de buscar oro mediante métodos artesanales (batea) en medio del agua contaminada y escombros dejados por las maquinarias (retroexcavadoras y dragas), cuando se difundió entre la población que se está lavando oro en Yutzupino, una gran cantidad de pobladores de Tena y las comunidades de los alrededores acudieron a la zona con la esperanza de encontrar oro, convirtiéndose en una alternativa momentánea y peligrosa para obtener recursos económicos, en medio del desempleo y la crisis, se rumora que ocurrieron varias muertes producto de accidentes de trabajo, pero que fueron silenciados los reclamos y denuncias con dinero y amenazas.
Yutzupino se convirtió en una pequeña” Nambija” o en un” Buenos Aires Tropical” (explotación minera ilegal en Imbabura), aumento la población, vinieron personas de todo el país incluso extranjeros principalmente colombianos y venezolanos, aumento la delincuencia, alcoholismo, prostitución, etc. Demostrándose una vez más que el gobierno y sus autoridades toleran toda violación de la ley y la Constitución con tal de participar de las ganancias.
Las acciones de lucha unitaria y organizada son el único camino para detener la destrucción de la naturaleza, así lo han entendido las organizaciones sociales, gremiales, ambientales, los pueblos y nacionalidades indígenas que este 9 de febrero realizaron una masiva marcha que recorrió las calles céntricas de Tena, al grito de ¡Napo Resiste, fuera minería ¡ causando preocupación en el gobierno por el temor más acciones de lucha en contra de la minería.
Consideramos que el gran operativo militar y policial de este domingo13 de febrero solo pretende lavar la imagen de autoridad del gobierno, así como aprovechar de la indignación popular contra la destrucción ambiental por parte de la mal llamada minería ilegal y las autoridades por su corrupción e incapacidad para justificar la presencia de las grandes compañías mineras, a las cuales abrieron las puertas, a pretexto que estas si son legales y trabajaran cuidando el ambiente, generando empleo, pagando impuestos, obteniendo ganancias para el país.
Las contradicciones entre los pobladores amazónicos y las compañías mineras se agudizan y seguro habrá nuevas luchas y escenarios de confrontación de los pueblos y nacionalidades, los ecologistas, la juventud, organizaciones sociales, defensores de la vida y la naturaleza contra las compañías mineras transnacionales respaldas por el gobierno neoliberal de Lasso y sus fuerzas represivas legales e ilegales.
Los pueblos amazónicos deben prepararse, construir una férrea unidad para defender la vida, la naturaleza y sus derechos, para detener la acción destructiva y criminal de las empresas mineras, sea legales o ilegales que han invadido esos territorios.