Por Andrés Quishpe
El pasado 14 de febrero, en medio de la crisis política y económica que vive nuestro país, amanecimos con la noticia del asesinato de un policía en Esmeraldas por parte de menores de edad. Según información policial, la edad de los menores está entre los 11, 13 y 14 años. Es espeluznante ver el video que circula en redes sociales, donde una persona adulta guía a uno de los niños, tomándole de sus brazos para que apunte al uniformado.
Debería generarnos escalofríos conocer que aún, muy poco se ha hecho para enfrentar el abandono de las aulas de 195188 niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 y que está documentado bajo el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de julio del 2022. Según el documento en mención, los menores de edad abandonaron su formación académica para dedicarse a trabajar y ayudar con los gastos del hogar, siendo la principal causa la pobreza, ya que el informe también resalta que el 25% de (menores de edad) dejaron el sistema educativo por temas económicos. Para el 2022: 150 000 adolescentes trabajan en Ecuador, según el INEC.
Po otra parte, según datos oficiales hasta diciembre del 2022: 300 adolescentes se encontraban privados de libertad, es decir el 1% del total de personas privadas de libertad en el país. Es menester señalar que la población adolescente es de 4 millones 495 mil; de ellos, según las cifras expuestas, se podría decir que, apenas el 0,02% está en conflicto con la ley penal. Este contexto permite colegir que aún estamos a tiempo de salvar de las manos de las mafias a nuestros niños, niñas y adolescentes. Es urgente que los miles de niños/as, fuera de las aulas, retornen a estudiar, dotarlos de salud y de espacios de recreación; generar fuentes de trabajo para sus padres y madres.
No hay que menospreciar las escuelas de sicarios para niños manejadas por la mafia albanesa que operan en el Ecuador, y que fue denunciada por el medio británico, The Telegraph, o nos ganan las mafias o entendemos que la política pública y la ejecución de derechos van de la mano de las de carácter fiscal. Solo así se resolverían los problemas sociales, esto es con inversión y no con demagogia, que incluso llevan a gastar ingentes recursos como sucedió con la Consulta Popular, donde se gastó alrededor de USD 18 millones.