Por: Mateo Rodríguez
Las recientes acciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), orientadas a liquidar la presencia legal del partido Unidad Popular (Lista 2) bajo el cuestionado argumento de una supuesta falta de afiliados, configuran un preocupante síntoma de cómo la burocracia electoral es instrumentalizada para inclinar la cancha antes de que empiece el partido en favor del gobierno de Noboa.
Intentar borrar del padrón electoral a una fuerza con arraigo histórico e identidad de izquierda, justo en las vísperas de definiciones electorales clave, no solo constituyó una afectación a la democracia del país. Sin embargo, la posterior resolución de la presidenta del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que declaró nula la cancelación y dio la razón jurídica a la organización, frenó un peligroso precedente de arbitrariedad.
La capacidad de Unidad Popular para defender su personería jurídica frente al abuso institucional no es un hecho aislado; responde a un acumulado de experiencia militante que arroja varias lecciones fundamentales para el movimiento popular organizado y la izquierda ecuatoriana.
El proceso contra Unidad Popular desnudó fallas de forma y de fondo en el Consejo Nacional Electoral. La ley prohíbe la extinción de organizaciones políticas dentro de los 120 días previos a la convocatoria de elecciones, una barrera temporal que la mayoría del Pleno del CNE ignoró al emitir resoluciones extemporáneas. El debido proceso no es un tecnicismo sacrificable al antojo del gobierno y sus adláteres. Respetar los plazos y los tiempos legales es una de las formas en que se garantiza la seguridad jurídica.
A diferencia de los partidos de alquiler que abundan en el Ecuador y que solo operan durante las campañas electorales, la existencia de Unidad Popular descansa en una estructura social e histórica heredada de las luchas del MPD. Su defensa no se limitó a los juzgados; se alimentó del accionar de sus militantes y de la solidaridad de sindicatos, organizaciones populares y organismos de derechos humanos que reaccionaron de inmediato frente a lo que consideraron una proscripción injusta. La militancia real es el único activo que no puede ser confiscado mediante una resolución burocrática.
Por otro lado, la decisión del Tribunal mostró que, frente a instituciones cooptadas por el gobierno, la ley por sí sola no basta; también se requiere presión social y vigilancia pública para obligar a las autoridades a apegarse al derecho y evitar que se consumen atropellos.
Un elemento que debe destacarse es que la defensa de Unidad Popular terminó convirtiéndose en una defensa de la democracia. Esto permitió generar respaldos que trascendieron la base social de la organización. Diversos sectores políticos, varios medios de comunicación y sectores de la academia, incluso aquellos ideológicamente distantes, expresaron su apoyo a Unidad Popular.
Unidad Popular ha regresado formalmente a la vida política activa con miras a los próximos procesos electorales locales y nacionales, demostrando que, frente al abuso estatal, la respuesta no es la sumisión, sino la unidad de los sectores sociales y populares, la movilización y la articulación de las distintas formas de lucha, incluida la jurídica.