Por Jorge Cabrera / Machala
La ruralidad no puede gobernarse con migajas
Hay debates que parecen técnicos, pero en realidad deciden el destino de pueblos enteros. La propuesta de reforma al COOTAD que hoy se discute en el país intenta presentarse como un ajuste administrativo destinado a ordenar la inversión pública. Sin embargo, cuando se observa desde los territorios rurales, lo que aparece no es eficiencia fiscal sino una nueva carga impuesta a quienes menos recursos tienen para sostenerla.
No se trata de contabilidad pública. Se trata de la vida cotidiana de miles de comunidades que dependen del funcionamiento de sus gobiernos parroquiales para resolver problemas básicos: caminos vecinales transitables, sistemas de agua que no colapsen, mantenimiento comunitario, apoyo productivo, gestión social y atención a sectores vulnerables.
El debate es, en el fondo, sobre si el país reconoce o no el derecho de la ruralidad a tener gobiernos funcionales y cercanos, o si vuelve a relegarla al abandono administrativo mientras las decisiones se toman lejos de sus realidades.
Las juntas parroquiales no nacieron por concesión del poder central. Fueron fruto de largas jornadas de organización campesina, de comunidades que exigieron voz propia y gestión cercana. Con la Constitución de 2008, esas instancias se convirtieron en un nivel de gobierno reconocido. Fue una conquista histórica de la ruralidad ecuatoriana.
Hoy esa conquista corre el riesgo de desaparecer.
Cuando los números hablan, la retórica se derrumba
Tomemos un ejemplo concreto: el GAD parroquial rural de Cordoncillo, del cantón Atahualpa de la provincia de El Oro, que en 2026 percibirá alrededor de 126.000 dólares anuales bajo el esquema vigente.
Según la normativa actual, los gobiernos parroquiales que reciben menos de 500 salarios básicos unificados —con un salario básico de 482 dólares— pueden destinar hasta 170 salarios básicos para su funcionamiento administrativo. Esto representa cerca de 82.000 dólares al año.
Con ese monto deben cubrirse las remuneraciones del presidente y cuatro vocales, el salario del secretario o secretaria tesorera, servicios básicos, internet, sistemas contables, obligaciones de transparencia, mantenimiento administrativo y además los intereses de créditos adquiridos para poder ejecutar obras.
La realidad es simple: operar una junta parroquial requiere entre 70.000 y 80.000 dólares al año solo para mantenerse en funcionamiento. Es decir, casi todo el margen permitido por ley se destina a sostener la institución viva.
Después de cubrir ese gasto, quedan apenas entre 40.000 y 50.000 dólares para inversión anual. Con ese dinero se pretende atender caminos, agua potable, mantenimiento comunitario y múltiples necesidades sociales.
No hay ineficiencia. Hay insuficiencia estructural.
La situación resulta aún más injusta cuando se recuerda que los GAD parroquiales rurales reciben apenas el seis por ciento de los recursos que por mandato constitucional corresponden a todos los gobiernos autónomos descentralizados.
El nivel de gobierno más cercano a la gente es, paradójicamente, el que menos recursos recibe.
En la provincia de El Oro, la situación es contundente: existen 50 parroquias rurales y 49 de ellas reciben menos de 500 salarios básicos anuales para sostener su gestión. Solo una supera ligeramente ese monto y queda obligada a cumplir porcentajes rígidos entre gasto corriente e inversión.
La mayoría de parroquias opera al límite de la supervivencia institucional.
A esto se suma otra obligación: el propio COOTAD exige destinar al menos el 10 % del presupuesto a atención de grupos vulnerables. Una medida necesaria socialmente, pero que en presupuestos ya mínimos reduce aún más la capacidad de inversión territorial.
El resultado es que las juntas parroquiales deben dividir presupuestos diminutos entre funcionamiento, inversión, atención social, deudas y mantenimiento comunitario.
Y ahora se pretende imponer mayores porcentajes obligatorios sin resolver la raíz del problema.
El traslado silencioso de la crisis
La reforma revela una práctica recurrente: mientras el nivel central mantiene el control de los recursos estratégicos, se exige a los territorios sostener las condiciones básicas de vida de la población.
Las responsabilidades bajan, pero los recursos no.
Así, los gobiernos parroquiales terminan administrando escasez mientras enfrentan demandas sociales crecientes. El conflicto se produce en el territorio, no en las oficinas donde se toman las decisiones.
Cuando no hay obra, la queja llega al presidente parroquial, no al despacho ministerial.
El costo político y social se descarga sobre quienes menos capacidad tienen para asumirlo.
Un retroceso para la ruralidad
Debilitar a los gobiernos parroquiales implica retroceder en un proceso histórico de reconocimiento territorial. Significa volver a alejar al Estado de las comunidades rurales y profundizar la brecha entre ciudad y campo.
Si la reforma avanza sin cambios profundos, veremos juntas parroquiales sin capacidad operativa, proyectos comunitarios paralizados, endeudamiento creciente y conflictos sociales por falta de respuesta institucional.
La ruralidad terminará pagando el precio de decisiones tomadas lejos de sus realidades.
El debate legislativo debería abordar temas de fondo:
Garantizar transferencias oportunas y completas.
Incrementar progresivamente la participación presupuestaria parroquial.
Delegar competencias con financiamiento real.
Flexibilizar porcentajes según realidades territoriales.
Fortalecer capacidades técnicas locales.
Exigir eficiencia y transparencia en todos los niveles de gobierno.
Sin estas condiciones, cualquier reforma será solo un ajuste contable que agrava la desigualdad territorial.
desde el sur de la patria, la provincia de El Oro
Desde la provincia de El Oro, donde la ruralidad sostiene producción, cultura y economía, las parroquias rurales levantan su voz con claridad: esta reforma no fortalece la descentralización, la debilita.
Por ello, exigimos el archivo inmediato de esta propuesta de ley que amenaza la estabilidad institucional de los territorios rurales.
Sabemos que el debate en la Asamblea Nacional pondrá a prueba a quienes dicen representar al pueblo. Veremos quién defiende realmente a las comunidades y quién responde a intereses ajenos al territorio. La experiencia invita a la duda, pero la historia demuestra que los pueblos no se resignan cuando se intenta gobernarlos sin escuchar su realidad.
Reducir este debate a porcentajes presupuestarios es ignorar lo esencial. El verdadero dilema es si el país apuesta por territorios fuertes o condena a la ruralidad a sobrevivir con presupuestos mínimos mientras sostiene la producción y la vida nacional.
Defender a los gobiernos parroquiales rurales es defender la posibilidad de que el desarrollo llegue a quienes históricamente han sido postergados.
Porque cuando se debilita la ruralidad, no pierde una institución, Pierde el Ecuador profundo
Y frente a esta amenaza, la respuesta no puede ser el silencio ni la dispersión. Es la hora de que el campo ecuatoriano cierre filas en defensa de su propio destino. Que cada comunidad, cada recinto, cada sitio, barrio y cada parroquia rural fortalezcan su organización y articulen su voz desde los territorios hacia los CONAGOPARE provinciales y el CONAGOPARE Nacional, para que cumplan con firmeza el papel histórico que les corresponde: defender sin titubeos la autonomía y la existencia misma de los gobiernos parroquiales rurales.
Esta conquista no fue un regalo; fue fruto de años de lucha y organización de campesinos y comunidades que exigieron ser reconocidos como sujetos de gobierno y no como simples administrados. Por ello, la ruralidad debe prepararse no solo para el debate técnico y legislativo, sino también para la acción democrática en las calles y plazas del país, hasta hacer comprender a un gobierno distante de la realidad del campo que las comunidades rurales no aceptarán retrocesos en sus derechos. Porque cuando una Asamblea aprueba leyes que ignoran al pueblo y privilegian intereses económicos concentrados, corresponde a la ciudadanía recordar que la soberanía nace en el territorio. Los campesinos y pueblos rurales no piden privilegios: exigen lo mínimo que merece cualquier ecuatoriano y ecuatoriana, el derecho a vivir con dignidad en la tierra que trabajan y sostienen. Y cuando esa dignidad se amenaza, la historia enseña que el campo siempre encuentra la fuerza para ponerse de pie y defenderla.