Un gran impacto ha causado el informe presentado por la Comisión de la Verdad, conformada por la Defensoría del Pueblo inmediatamente de los acontecimientos de Octubre del 2019. En esa ocasión un levantamiento indígena y popular se desarrolló en el país en contra de la las medidas económicas impuestas por el gobierno de Lenin Moreno y el FMI, que elevaba el precios de los combustibles causando grave daño a la economía de los sectores populares.
A continuación presentamos el texto de la prestación del Informa realizado por la Dra. Sybel Martínez
“Tras los hechos acecidos en el paro nacional de octubre del 2019, el Defensor del Pueblo, Dr. Freddy Carrión, creó la Comisión Especial de la Verdad y Justicia, con el objeto de investigar las posibles vulneraciones de derechos humanos suscitadas durante las movilizaciones del 3 al 16 de octubre del año anterior.
Esta Comisión, sobre la base de una investigación defensorial objetiva e imparcial, con enfoque de Derechos Humanos, ha procurado a través de este informe -que hoy ponemos a consideración del Defensor del Pueblo y por su intermedio a toda la ciudadanía- acercarse lo más posible a la verdad, intentado poner a cada vulneración un rostro, de modo que las víctimas de estos actos violentos dejen de ser una fría estadística, esto como una forma de reivindicación y garantía de acceso a la protección judicial.
La Comisión reconoce el derecho que tienen las víctimas, sus familiares y todas la personas que habitan el país de obtener respuestas del Estado, entendiendo que el derecho a la verdad debe concebirse, también, como un derecho colectivo.
Esta Comisión está consciente que no es posible reconstruir una sociedad maltratada, restablecer la paz social ni buscar la reconciliación nacional, si estas no se asientan en la verdad y la justicia. Y aunque no es su facultad aplicar Justicia, comprende que la verdad es el camino para obtenerla. La verdad para ser considera como tal debe ser completa, oficial, pública e imparcial, sus efectos no son solo jurídicos sino también prácticos y es en esta practicidad en la que la voces de las víctimas han sido escuchadas activamente por la Comisión, es ahí donde hemos resonado con su dolor, su indignación y su clamor por justicia.
La Comisión comprende que el derecho a la Justicia es un derecho humano, que antecede y sobrepasa la autoridad del Estado, y del cual depende la seguridad jurídica de las personas. Sabemos que las consecuencias más drásticas de la inestabilidad de este derecho constitucional son la desconfianza, el temor y la desprotección de los ciudadanos frente al poder público.
Bajo estas premisas, la Comisión procedió a recopilar, receptar y documentar testimonios e información judicial, administrativa, documental y electrónica obtenida de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, fuentes públicas, medios de comunicación, prensa, periodismo comunitario, entre otros. A todo testimonio receptado se le aperturó un expediente. Toda información recibida fue sistematizada y debidamente archivada bajo la custodia de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión.
La Comisión recibió, analizó y contrastó testimonios e información suficiente que le permitió arribar a las conclusiones y recomendaciones contenidas en el presente documento, mismo que se fundamenta en un análisis fáctico desde la perspectiva de los derechos humanos, sin sesgos ideológicos ni políticos.
Durante las protestas de octubre del 2019, hubo violaciones a los derechos humanos de las personas por parte de agentes estatales. A estas personas se les conculcó su derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, estas vulneraciones tomaron la forma de ejecuciones extrajudiciales, atentados a la vida, delitos sexuales, tortura, tratos crueles e inhumanos, detenciones ilegales y arbitrarias, lesiones oculares, entre otras tantas violaciones a sus derechos.
La población civil fue atacada de forma generalizada como parte de una política de Estado que justificó su accionar a través de un discurso oficial que pretendió instalar en el imaginario social a enemigos internos y externos y que equiparó delitos comunes a violaciones flagrantes de derechos humanos.
Somos enfáticos en destacar la necesidad de que se investigue y sancione a los responsables de violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones de octubre, velando porque las víctimas y sus familias sean reparadas integralmente.
Esta Comisión desea enviar el mensaje inequívoco de que violar derechos humanos tiene claras consecuencias y que es imprescindible, si queremos evitar un retroceso en nuestro esfuerzo por lograr una convivencia armónica y democrática en el país, establecer las responsabilidades jurídicas correspondientes. La indiferencia, el endoso, la justificación de la violencia y el abuso de poder al igual que la impunidad lesionan el orden, la paz social y apoyan silenciosamente a la injusticia.
Han sido muchas las estridencias y confusiones relacionadas a este capítulo tan duro de nuestra historia, donde el respeto a los derechos humanos fue sin duda un ejercicio de indiferencia y negación. Confiamos que estos hechos no vuelvan a repetirse en el futuro y que este informe cumpla su fin deseado: procurar verdad, justicia y reparación”
Sybel Martínez Reinoso
Presidenta de la Comisión