Por Jaime Chuchuca Serrano
Los propietarios de los bonos, como siempre, se manejan en sigilo, con cláusulas de confidencialidad, contratos oscuros, y la mayoría tienen conexiones empresariales, financieras, de amistad y familiares con los gobiernos de turno. La deuda ecuatoriana, según el ministro de Economía, Arosemena, sobrepasa el 61% del PIB, más de 65 mil millones de dólares. Los bonos de la deuda ecuatoriana, según el medio Bloomberg, debido al posible juicio político contra Lasso, han perdido un 17% de su valor. Obviamente, los dueños de los bonos han puesto el grito en el cielo, y coincidentemente, en esta semana, las fuerzas gubernamentales han logrado mover algunos votos de la Asamblea a favor de Lasso.
Parte de la ID, PK, el PSC en pleno, y el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (independiente), anunciaron que la próxima semana enviarán el requerimiento de juicio político a la Corte Constitucional, y que para ello ya tienen más de 46 votos (Art. 129 de la Constitución). La Corte tendrá 5 días para pronunciarse. Una fracción de Pachakutik y de la ID, en consonancia con sus cúpulas, se han expresado abiertamente a favor de Lasso. De la ID no llama mucho la atención, porque ya en junio de 2022 respaldaron a Lasso. No obstante, de PK y la ID varios asambleístas están a favor del juicio político. La fracción de PK a favor de la salida de Lasso, es mucho cercana a la actual dirección de la CONAIE, quienes han anunciado movilizaciones.
La mayoría de la derecha que apoya a Lasso, confunde maliciosamente entre juicio político y juicio penal, sin embargo, el Art. 129 de la Constitución, es claro en manifestar que no es necesario el enjuiciamiento penal, previo al juicio político.
Las pruebas penales tendrían que ser sustanciadas en un proceso para el caso en particular. En la historia parlamentaria ecuatoriana, dejó un precedente el juicio político contra Jorge Glas, en el cual los asambleístas de CREO de entonces, establecieron que bastaba con que el exvicepresidente haya estado encargado de las áreas estratégicas en corrupción, para que amerite culpabilidad y “responsabilidad política”. La firma de Guillermo Lasso en el Decreto 163, de agosto de 2021, en el que otorga a la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), el poder de 12 directorios con más de 13 mil millones de dólares de presupuesto, así como el nombramiento de Hernán Luque como presidente de EMCO, actualmente prófugo, cumplen el mismo papel para el actual juicio político. La espera política continúa.