Por: David Rosero
El derecho a la participación ciudadana establecido en los artículos: 1, 61, 95, 204, 208 de la Constitución garantizan el derecho de los ecuatorianos a ser parte protagónica en la toma de decisiones sobre todos los asuntos de interés público. En ese contexto el gobierno nacional, los GADs y demás instituciones del Estado deben facilitar obligatoriamente mecanismos para escuchar a la gente y tomar en cuenta sus planteamientos y necesidades en la elaboración de las políticas públicas, priorización de la obra pública, realización de leyes, decretos, acuerdos, ordenanzas y demás normativas. Los mecanismos para la participación social que las instituciones del Estado deben implementar y mejorar son: las audiencias públicas, los consejos consultivos, las asambleas, los cabildos populares, la rendición de cuentas, las veedurías, los observatorios, comités de usuarios, silla vacía, mingas, entre otros. La clave del proceso participativo es facilitar un proceso real de toma de decisiones conjunta entre autoridades y sociedad civil para solucionar los problemas de la comunidad y mejorar la gobernabilidad. La participación ciudadana por ende es incompatible con el autoritarismo, la represión, el diálogo de oídos sordos, la mera socialización o la imposición de medidas que afecten a la mayoría de la sociedad, supone más bien una construcción democrática de decisiones colectivas para mejorar las condiciones de vida de la gente, garantizando los derechos humanos.
La participación ciudadana es una herramienta para debe ir ligada al fortalecimiento de las organizaciones sociales y el empoderamiento de las personas para que estas conozcan sus derechos, exijan, propongan y luchen por sus reivindicaciones.
La participación ciudadana constituye también una asesoría gratuita para que las autoridades aterricen a la realidad concreta y resuelvan de mejor manera las demandas de millones de ecuatorianos que día a día buscan mejores días.
En este nuevo año la participación ciudadana debe ser un eje primordial en la agenda de todas las instituciones del Estado que busquen conectar realmente con la gente y sus anhelos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está para impulsar, garantizar y fortalecer este derecho.