Por Alianza por los Derechos Humanos Ecuador
Expresamos nuestro profundo dolor y solidaridad con las familias de Saúl, Steven, Ismael y Josué, niños ejecutados luego de ser detenidos de forma ilegal, arbitraria e ilegítima el 8 de diciembre de 2024 y en lo posterior desaparecidos por una patrulla de miembros de la Fuerza Aérea del Ecuador.
31 de diciembre de 2024
Con profundo dolor e indignación recibimos la noticia de que los 4 cuerpos hallados en Taura el 24 de diciembre del 2024 corresponden a los niños desaparecidos forzosamente en manos de 16 militares en servicio activo de las Fuerzas Armadas. Señalamos que la desaparición forzada de los cuatro niños no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una práctica de abuso de autoridad y fuerza, discriminación, estigmatización y perfilamiento racial, denunciada constantemente por las organizaciones de derechos humanos desde el inicio de la declaratoria de conflicto armado y estados de excepción dispuestas por Daniel Noboa y avalados parcialmente por la Corte Constitucional.
Exigimos que la justicia identifique y sancione a todos los responsables en los hechos y que se adopten todas las medidas de reparación integral y garantías de no repetición. Este gravísimo hecho no solo vincula a los militares de la patrulla identificada, sino a toda la cadena de mando, la misma que debe ser identificada y establecida su responsabilidad por acción y omisión; así mismo, se debe establecer la responsabilidad de autoridades civiles pertenecientes al ejecutivo que desde el día de ocurridos los hechos no actuaron con la debida diligencia para investigar, sancionar y que se conozcan la verdad de la desaparición.
Señalamos la responsabilidad de todo el Estado ecuatoriano en la desaparición forzada y el asesinato de los niños y condenamos el actuar negligente e inoperante ante la denuncia de los familiares se las víctimas. La desaparición forzada que ha terminado en asesinatos de Estado son actos de profundo racismo y discriminación contra la población afrodescendiente de este país. Por ello y como defensores/as de derechos humanos queremos señalar y exigir a las diversas instituciones del Estado involucradas en estos hechos de crueldad:
Del gobierno de Daniel Noboa que desde la declaratoria de “conflicto armado interno” a inicios del 2024, ha omitido cumplir con los dictámenes de la Corte Constitucional, con las normas constitucionales y convencionales de movilización de las fuerzas armadas y en su lugar ha promovido una campaña de estigmatización y criminalización contra jóvenes racializados y empobrecidos del país y de las y los defensores de derechos humanos.
De las Fuerzas Armadas y sus altos mandos que han permitido la participación de sus miembros en el control del orden interno sin la mínima preparación para prevenir violaciones de derechos humanos. Es inconcebible que una patrulla de la fuerza aérea compuesta por 16 miembros no haya cumplido con los procedimientos necesarios, indispensables para evitar desapariciones forzadas en un contexto de militarización. Y luego, es un nuevo acto violatorio de derechos humanos que desde el Ministro de Defensa y el Jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas se haya buscado justificar la detención de los cuatro niños con afirmaciones falsas y crueles sobre ellos y sus familias.
Asimismo, volvemos a denunciar los videos de graves violaciones de derechos humanos filtrados -entendemos desde las mismas fuerzas armadas- los primeros seis meses de declaratoria del conflicto armado interno con la intención de que la ciudadanía aplauda la inconstitucionalidad e ilegalidad del actuar de militares.
De la Corte Constitucional, que no ha garantizado el cumplimiento de sus dictámenes, lo cual ha sido observado por los órganos de tratados de derechos humanos al examinar al país en 2024.
De la Defensoría del Pueblo, que ha guardado silencio cómplice frente a las graves violaciones de derechos humanos cometidas en este 2024. Señalamos que desde el 2021, cuando asumió el Defensor encargado, ningún informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura ha sido publicado y menos se han adoptado medidas adecuadas para garantizar derechos fundamentales en contexto de conflicto armado interno.
De la Fiscalía General del Estado. La detención ilegítima, ilegal y arbitraria, la desaparición forzada de los niños de Guayaquil no son hechos aislados. Recordamos a la Fiscalía que la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por ¡Verdad, justicia y reparación! miembros de la fuerza pública incide en que estas se repitan.
Señalamos, además que debieron pasar varios días para que la desaparición de los niños se investigue como desaparición forzada.
De la Asamblea Nacional por la omisión en dictar la normativa requerida luego de la Consulta Popular que regule estrictamente la participación complementaria de Fuerzas Armadas en el control del orden interno.
Asimismo, reclamamos una profunda revisión del código orgánico integral penal hecho para reprimir delitos de pobreza, alimentar al crimen organizado y los sistemas de extorsión de las cárceles del país, criminalizar personas defensoras, en lugar de abordar de forma eficaz las economías criminales y las graves violaciones de derechos humanos.
De varios medios de comunicación que han difundido discursos estigmatizantes y revictimizantes de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos de este periodo y discursos que abonan al perfilamiento racial.
Hacemos un llamado enérgico a los actores institucionales, políticos y a la Corte Constitucional respecto de los peligros de enfrentar los problemas de seguridad través del autoritarismo, las decisiones populistas y la militarización y sin que se generen acciones de control, supervisión y freno eficientes y eficaces, como ha ocurrido hasta hoy.
Manifestamos nuestro compromiso incansable por buscar la verdad, justicia y reparación de Josué, Ismael, Saúl y Steven y de todos los niños y jóvenes desaparecidos en similares condiciones, de quienes fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, tortura y abusos por parte de las fuerzas militares.
Hoy el Ecuador entero llora a sus niños, a nuestros niños asesinados. Los cuatro niños fueron destacados futbolistas en su comunidad, llenos de vida y de sueños, amados por sus familias a quienes el Estado detuvo arbitrariamente, desapareció y luego asesinó. Exigimos verdad, justicia y reparación para ellos y sus familias.
Reconocemos y agradecemos el trabajo comprometido, riguroso y digno del Comité de Derechos Humanos de Guayaquil en el acompañamiento a las familias en su búsqueda de verdad y justicia.
Abrazamos a las familias de Saúl, Steven, Ismael y Josué y a todas y todos las/os Defensores de DDHH, comunicadores, organizaciones sociales y ciudadanas/os que se han movilizado y levantado su voz ante el horror.