Por Remo Cornejo Luque*
La pandemia se profundiza con la variante Ómicron. El crecimiento acelerado de contagios (50 contagiados por hora en Quito, como referencia) ha conducido a retornar al tele trabajo y a las clases virtuales de los establecimientos educativos, pese a la tozudez de la Ministra de Educación.
La vida es lo más sagrado y esta debe preservarse, por lo tanto, un gobierno comprometido con sus mandantes debe destinar los recursos económicos suficientes para que se realicen pruebas gratuitas de PCR o antígenos a toda la población, en particular a los trabajadores, campesinos, juventud y mujeres; que no despidan al personal de salud; dotar a los hospitales de medicinas; entrega de mascarillas y alcohol gratuitos, para el pueblo, etc.
Esta crisis sanitaria debe llamar a la reflexión al gobierno para que escuche el pedido de los sectores sociales organizados, como la UNE-E y la Federación de Médicos, para que se incremente el presupuesto para salud y educación. Esto es lo prioritario y no el pago a las multilaterales de crédito o el cumplimiento, a pie juntilla, del recetario fondomonetarista.
A la sazón de los compromisos internacionales, el gobierno trata de mostrar que la reactivación económica está en marcha, dicen que en el 2021 crecimos 4,1%, que tenemos una reserva monetaria de USD 7 800 millones, un déficit fiscal de USD 2 700 millones, y que en este año recuperamos 280 mil empleos; además, que tenemos USD 2 mil millones más en ingresos por petróleo, y que el SRI recaudó USD 13 796 millones, más que en el 2020. ¡O sea si hay dinero que está ingresando a las arcas estatales!
Empero, ese crecimiento económico de 4,1%, no se refleja en mejores condiciones de vida de los sectores populares, más bien quienes se han beneficiado son las grandes corporaciones como la banca, telecomunicaciones, comercializadoras de medicinas y alimentos, etc. Según estudios últimos dice que 4 de cada 10 ecuatorianos viven en la extrema pobreza; se ha incrementado el subempleo y el comercio informal; tenemos la inflación más alta de los últimos años, el 1,7 %, el incremento de los precios de los combustibles ha incidido en el coste de la canasta básica que llega a 800 dólares.
La deuda pública es USD 78 mil millones, es decir 75% del PIB. El gobierno debe pagar hasta el 2026, a los organismos multilaterales de crédito, USD 43 mil millones por deuda: USD 33 mil millones en capital y USD 10 mil millones por intereses.
Frente a la crisis económica y sanitaria, urge que el gobierno de Lasso deseche el liberto del FMI, cobre a los grandes empresarios evasores de impuestos del SRI (USD 4 925 millones) y que declare la MORATORIA DE LA DEUDA pública para que esos recursos sirvan para atender la salud, educación y se impulse la verdadera reactivación económica para los sectores populares. El no hacerlo demostraría que es un gobierno de las élites y para las élites, al servicio de los organismos chulqueros internacionales.