Por Mateo Rodríguez
Es indudable el incremento de la violencia en el país, por las propias cifras oficiales conocemos que de 1 188 muertes violentas en el 2019 se pasó a 1 371 en el 2020 y a
2 496 en el 2021. Así mismo, el robo a personas y el homicidio con los registros que han presentado un crecimiento en este último año. Este hecho sumado a la crisis carcelaria y los lazos de grupos delincuenciales con el narcotráfico, nos dan cuenta del abandono en que viven los ecuatorianos y ecuatorianas por parte del Estado y el espacio dejado por él ha sido cubierto por bandas delincuenciales.
Para enfrentar esto, el gobierno de Guillermo Lasso apuesta a una reforma legal cuyos ejes se fundamentan en: Creación del Consejo Nacional de Política Criminal y el Sistema de Seguridad Pública y del Estado; regulación del uso legal de la fuerza para que esta pueda ser utilizada por todas las fuerzas del orden incluida las Fuerzas Armadas; fortalecimiento del Estado de inocencia de policías y militares en el ejercicio de su deber; reformas a la prisión preventiva y creación y reformas a tipos penales.
Como lo señala el propio título del proyecto de Ley denominado “Ley Orgánica de Seguridad Integral y fortalecimiento de la Fuerza Pública”, el objeto principal de la norma es el de regular el uso de la fuerza por parte de todas las instituciones que conformas la fuerza pública pues, las normas existentes en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público no son aplicables a las Fuerzas Armadas, lo que evidencia que todo el debate causado por la sentencia contra el policía Santiago Olmedo tenía como objetivo generar un ambiente para justificar la normativa que exigían los militares para poder desarrollar las actividades de seguridad ciudadana. Por eso, las reformas a la ley de Seguridad Pública y del Estado se enmarcan en generar el ropaje legal para este accionar, ya que al definir la competencia de defender la soberanía e integridad territorial se incluye “acciones para recuperar o mantener la soberanía en aquellas zonas del territorio nacional donde se ha disminuido la capacidad del Estado de ejercer sus atribuciones”
Por otro lado, a la par que se refuerza el estado de inocencia de los policías o militares al momento de ejercer sus actividades (las mismas que tienen una amplitud incluso cuando el servidor esté fuera del horario de trabajo o se encuentre desplazándose desde su domicilio al trabajo o viceversa), se fortalece la prisión preventiva, pues, está podrá ser dictado por el juez sin solicitud del fiscal y no se requiere demostrar que los demás mecanismos alternativos no sean aplicables para asegurar la comparecencia a juicio del imputado.
La propuesta de Ley del gobierno no apunta a los elementos esenciales que causan el incremento de la violencia, lo que hacen, es generar un escenario para militarizar la seguridad ciudadana, pudiendo traer consecuencias lamentables para los derechos humanos y la propia seguridad de los ciudadanos, ya que, la guerra a la delincuencia trae consigo un incremento de la espiral de violencia.
26 de enero 2022